Editorial
PGR: fábrica de culpables
La captura por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) del arquitecto Joaquín Romero Aparicio, quien hasta el cierre de esta edición permanecía detenido sin haber cometido más "delito" que tener cierto parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, es algo más que una más de las pifias que conforman el historial de ineptitud, arbitrariedad, sordidez y mala fe que caracteriza el desempeño de la máxima instancia de procuración de justicia en el presente sexenio. Es, por añadidura, un ejemplo adicional de la tendencia de los mandos de la institución a encubrir su propia incapacidad para combatir a la delincuencia organizada mediante la fabricación de delitos y delincuentes y tener algo que presentar a la opinión pública y a los mandos políticos del foxismo.
El caso de Romero Aparicio es sólo el más reciente. Hay que recordar que la PGR, a cargo de Rafael Macedo de la Concha y de Carlos Javier Vega Memije, inventó un proceso judicial contra el todavía jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de marginarlo de la contienda presidencial del año próximo. Esa fabricación fallida desembocó en una farsa de juicio de procedencia en la Cámara de Diputados y en un grave enrarecimiento del clima político del país, y tuvo por resultado último un retroceso presidencial y la salida de la PGR de los inventores del acoso judicial contra el gobernante capitalino.
Debe mencionarse, también, la acusación por supuestas relaciones con el narcotráfico endilgada al ex director de giras presidenciales de Los Pinos, Nahúm Acosta Lugo, acusación que fue desechada por el juez en cuanto se le presentó, luego de dos meses en los que el inculpado permaneció arraigado y luego preso en un penal de alta seguridad. No debe olvidarse, por otra parte, el caso de Artemisa Aguilar Moreno, una empleada de ventanilla del Instituto Nacional de Migración que lleva más de un año presa por la acusación de pertenecer a una banda de tráfico de personas, acusación urdida en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con base en la declaración nunca ratificada de un testigo protegido y los testimonios de individuos que resultaron ser inexistentes, según lo demostró el yerno de la imputada, el publicista Santiago Pando, estratega del candidato presidencial Vicente Fox.
Algo similar ocurrió con el empecinamiento de la PGR de fincar cargos insostenibles por lavado de dinero contra René Bejarano, quien ayer fue exonerado de esa acusación y deberá enfrentar, ya en libertad bajo fianza, un proceso por presuntos delitos electorales. Y no está de más recordar el vergonzoso episodio de la aprehensión, en el norte del país, de un ciudadano británico al que la policía confundió con un terrorista de Al Qaeda.
Los casos referidos son sólo botones de muestra de un desempeño institucional caracterizado por la arbitrariedad, la tozudez y el nulo respeto a los derechos ciudadanos. Los indignantes e inaceptables atropellos referidos han podido ser conocidos por la opinión pública ya sea porque las víctimas son individuos conocidos o porque, como en el caso de Artemisa Aguilar, tiene a un familiar con acceso a los medios. Pero cabe preguntarse a cuántos ciudadanos anónimos se les ha destrozado la vida, el patrimonio, el buen nombre, el entorno familiar y el futuro, por efecto de la arrogancia, la maldad, la ineptitud o la pereza de los funcionarios y empleados de la PGR.
Es aberrante que el actual gobierno presuma de "democracia", "libertades" y "estado de derecho" cuando, desde la Procuraduría General de la República, se atropella la ley y los derechos humanos y se exhibe, en cambio, una impotencia casi total ante los veraderos delincuentes.