La detención, "aberrante"
Defensores de derechos humanos calificaron de "aberración" la detención y arraigo de Joaquín Romero Aparicio, quien fue aprehendido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) la noche del pasado 2 de julio debido a "su parecido físico con un conocido narcotraficante mexicano, sin que se respetaran sus garantías procesales ni sus derechos fundamentales".
Agregaron que detener a un ciudadano "sólo porque se parece a un presunto delincuente genera un grave estado de indefensión para la ciudadanía, ante las arbitrariedades y abusos cometidos por los cuerpos policiacos, además de que revela su ineptitud y las profundas deficiencias en las investigaciones que se realizan, ya que existe el riesgo de ser detenido, exhibido en los medios de comunicación y después liberado porque se cometió un error".
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que ante la "urgente necesidad" de las autoridades federales de lograr golpes espectaculares en el combate a la delincuencia organizada, se incurre en casos extremos que destruyen la vida y reputación de los ciudadanos afectados, "a quienes se violenta el derecho a la justicia y la presunción de inocencia", al aplicar detenciones arbitrarias sin que existan pruebas que señalen su presunta responsabilidad en la comisión de algún acto ilícito.
Indicó que en la "lógica perversa" de los cuerpos policiacos se ejerce una "desaparición legal" de la persona, al poner en entredicho su propia identidad sin más argumentos que un "parecido físico que deslegitima todos los mecanismos de identidad que el propio Estado valida".
Por su parte, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que el Estado mexicano incurre en graves violaciones a su responsabilidad de proteger y defender los derechos y la integridad de los ciudadanos, pues incrimina a una persona sin presentar pruebas de su probable responsabilidad en un delito, generando así un clima de indefensión en el que "cualquiera puede ser privado de su libertad sólo porque se sospecha que es un delincuente".
Un Estado que no cumple con las garantías procesales, afirmó, aplica un trato "cruel e inhumano" a los detenidos, quienes se ven afectados tanto en su dignidad como en su imagen pública, sin que existan mecanismos efectivos para reparar el daño.
En entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, destacó que sin una reforma integral al sistema de justicia mexicano se realizarán acciones "injustificadas e ilegales que violentan el debido proceso y revelan la falta de eficacia de las corporaciones policiacas". Recurrir al arraigo como forma de justificar la prolongación del plazo legal para establecer la presunta responsabilidad de un detenido, indicó, "no sólo es una medida inconstitucional que violenta el plazo legal, sino que fomenta la violación de los derechos constitucionales y humanos de los detenidos".
Laura Poy Solano