Delegados estatales, agentes ministeriales e investigadores estarán sujetos a rotación

La PGR anuncia restructuración; "no da una", señalan en San Lázaro

Higuera Bernal: reveses recientes no ponen en duda la eficacia de la procuraduría

JESUS ARANDA Y ROSA ELVIRA VARGAS

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) asegura tener 96 por ciento de eficacia en la obtención de sentencias condenatorias, la dependencia anunció cambios en su estructura, para mejorar su labor.

Entre las modificaciones se encuentra la rotación de todos sus delegados estatales, agentes del Ministerio Público Federal e investigadores, así como la restructuración de las unidades que integran la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Lo anterior fue dado a conocer por el subprocurador de Procesos Penales de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, quien, por otra parte, afirmó que aún no está aprobada la aplicación del operativo México Seguro en el Distrito Federal.

El anuncio de la restructuración fue dado a conocer en conferencia de prensa, minutos después de que el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, informara al respecto.

A pesar de que Aguilar Valenzuela anticipó esos cambios momentos antes de hacerse oficiales en la PGR -la conferencia del funcionario presidencial comenzó media hora antes-, no quiso opinar sobre los recientes reveses que ha sufrido la procuraduría.

Del mismo modo, el funcionario de Los Pinos declinó calificar la opinión del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, quien negó a la SIEDO 12 órdenes de captura contra personas ligadas a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

"No tengo ningún comentario; la PGR es la que habrá de fijar la posición sobre esos puntos. Eso lo hemos acordado ayer (el miércoles) Daniel Cabeza de Vaca y yo'', estableció el vocero.

Por su parte, Higuera Bernal dio a conocer las cifras oficiales sobre la actuación de la dependencia en los meses recientes, como el hecho de que el Ministerio Público Federal logró que se condenara a 13 presuntos delincuentes a purgar 180 años de cárcel, y que 19 más recibieran el auto de formal prisión.

Acompañado el titular de la SI-EDO, José Luis Santiago Vasconcelos, y de Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación -el procurador Daniel Cabeza de Vaca no se presentó, como estaba anunciado-, Higuera Bernal rechazó que los recientes fracasos de la PGR, como el caso de Nahúm Acosta Lugo o el de Iván Archivaldo Guzmán, en los cuales la justicia federal revocó los autos de formal prisión concedidos inicialmente, vayan en detrimento de la credibilidad de la dependencia, porque hay una eficiencia de 96 por ciento en los asuntos consignados.

La Procuraduría General de la República (PGR) "no da una" y tiene que ser reformada porque ha perdido la confianza de la ciudadanía, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga, al comentar el más reciente yerro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al detener al arquitecto Joaquín Romero Aparicio, quien fue confundido con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.

En tanto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés, dijo que debido a los continuos errores en la consignación de expedientes ante los jueces por el Ministerio Público Federal (MPF), es necesario institucionalizar su capacitación, formación, promoción y supervisión, pero no por medio de la propia PGR, sino de un consejo profesional.

Valadés subrayó que no se trata de un asunto de personas, sino de instituciones, y consideró que la creación de un consejo del Ministerio Público Federal, al igual que en cada uno de los estados, debe terminar con la paradoja que presenta la profesionalización del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales estatales, y la falta de la misma en los ministerios públicos: "Lo que estamos viendo es una falta de simetría en el desarrollo profesional de ambas instituciones, encargadas de la impartición de justicia, lo cual está produciendo efectos como los que ahora ocurren".

El ex procurador general de la República añadió que la preparación de los agentes ministeriales no es un trabajo administrativo, sino que se requiere formar profesionales "de altísimo nivel y complejidad".

Por ello propuso la creación del consejo del Ministerio Público, que sea similar al Consejo de la Judicatura Federal, encargado de seleccionar, capacitar, promover y, en su caso, sancionar a los funcionarios que cometan faltas o errores en su labor profesional.

Valadés habló al encabezar la presentación del libro El procedimiento legislativo mexicano, cuyos autores son Fernando Ortiz Arana y Onosandro Trejo.

Mientras tanto, en entrevista, el legislador Uscanga sostuvo que el Mi-nisterio Público Federal ha perdido el rumbo en materia de persecución de delincuentes, y propuso revisar a profundidad las tareas que desempeña la PGR. "Es urgente respetar el estado de derecho", planteó.

Indicó que en el caso del yerro en torno a la identidad del líder del cártel del Golfo, Vicente Carrillo Fuentes, la PGR obtuvo "de un juez un plazo de seis días para realizar la investigación, pero resulta muy grave que la persona no fue quien se decía. Ello nos refiere hasta qué grado la PGR puede acusar a una persona que tenga características de inocencia y decirle que se parece a tal o cual delincuente; debemos tener mucho cuidado para respetar las garantías individuales y los derechos humanos que tenemos todos los mexicanos".

Al planteársele la creciente desconfianza ciudadana hacia las autoridades, Jorge Uscanga refirió que uno de los problemas más graves es la incredulidad, y señaló que por tal razón no hay denuncias ni existe una cifra real sobre los delitos que se cometen.

"En el caso particular del supuesto hermano de Amado Carrillo, se afecta a una persona en todos sus derechos. Tal parece que la PGR no da una. Primero se debe dar el respeto a la ley, sobre todo que la autoridad la practique, que no haya impunidad y que la ciudadanía sienta que la autoridad es eficiente, porque los policías que están actuando dan la impresión de que no son profesionales. Lo que más preocupa es que hay deficiencia en cuanto a la forma de integrar las averiguaciones. Por eso la gente tiene desconfianza hacia sus autoridades".

Por su parte, Eliana García, secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Di-putados, calificó "de muy grave la actuación contra el ciudadano capturado el sábado pasado, porque le han destruido la vida y eso no puede permanecer en la impunidad".

Consideró que José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la SIEDO, debe ser removido e investigado por la incapacidad demostrada y la cantidad de tropiezos que ha tenido durante su encargo.

Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se ha manifestado una gran incompetencia en la integración de las averiguaciones previas.

"Esta preocupación la vemos no sólo en la persecución de la delincuencia organizada, sino con otro ejemplo de impunidad reflejado en la persecución de los delitos del pasado. Ahora hemos visto un reacomodo de la delincuencia organizada precisamente por la ausencia de capacidad y eficiencia de PGR."

Respecto a Santiago Vasconcelos, la legisladora perredista manifestó: "A este subprocurador lo hemos denunciado desde el principio de su actuación. Se le tiene que investigar y aplicarle la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El reciente caso del arquitecto Romero Aparicio tiene que ver con la fractura de las garantías individuales que están consagradas en la Constitución".