Centro de derechos humanos Tlachinollan
Denuncian prácticas judiciales dilatorias en el caso Arreaga
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) incurre en "prácticas dilatorias" para alargar el proceso contra el ecologista Felipe Arreaga, en lugar de dar a conocer sus conclusiones, que deberían ser "no acusatorias", informó el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.
El activista consideró que la comisión creada por el Congreso del estado para investigar el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán "no tiene un compromiso serio" para llegar al fondo de los problemas y buscar su solución.
Dicha comisión debe atender, en primera instancia, los casos de Arreaga, preso desde noviembre de 2004 en el penal de Zihuatanejo, acusado de homicidio, a quien Amnistía Internacional declaró "preso de conciencia", y el atentado contra Albertano Peñaloza, en el que dos de sus hijos fueron asesinados y otro más resultó herido.
Barrera, quien encabeza la defensa de Arreaga desde el centro Tlachinollan, denunció que cuando la PJEG debía entregar las conclusiones sobre el caso del ecologista, en la última semana de junio, solicitó desahogar un careo con el testigo principal de la acusación, que -está demostrado- huyó, y busca ahora presentarse en el lugar de los hechos para verificar el contexto en el que se dio el homicidio. Esto "contradice la posición del gobierno, de que está interesado en que Felipe pueda ser liberado".
No quieren reconocer que el Ministerio Público "no hizo su trabajo en la investigación, aunque haya habido una sanción al agente que estaba a cargo. No hay voluntad para reconocer las deficiencias de esa investigación y quieren enturbiar el trabajo que de la defensa, apegado al procedimiento jurídico", comentó.
Barrera informó que diputados locales invitaron el miércoles al centro Tlachinollan a una reunión en Chilpancingo con la comisión creada para atender el caso de los ecologistas, pero sólo se presentó el presidente de esa instancia, mientras otros cuatro integrantes "hicieron el vacío", lo que demuestra que no han tenido el interés y conocimiento debido sobre el caso de Felipe Arriaga.
El colmo, sostiene, es que "asumen la misma posición del procurador del estado (Jesús Ramírez), de desahogar las diligencias mencionadas. Lamentamos que no tengan su propio criterio, que no tengan una visión propia sobre las víctimas y sus familiares, y que su participación sea una pose y no un compromiso serio con los ecologistas".
El centro Tlachinollan agregó que en diferentes reuniones el procurador "siempre ha manifestado que no conoce el expediente (...) y ha mostrado poca seriedad, al grado de que no recibió a la comisión de Amnistía Internacional" que estuvo en México la semana pasada para dar seguimiento a ambos casos, pese a que se había concertado una cita.