Falta de confianza en autoridades, principal problema para el sistema de justicia, dice
Arraigo de sospechosos y uso de testigos protegidos, inconstitucional: Castro y Castro
Ante las recientes críticas a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), el ministro jubilado Juventino B. Castro y Castro aseveró que es inconstitucional el uso de testigos protegidos y el arraigo de sospechosos como forma de combatir la delincuencia. Además no dudó en afirmar que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudia a fondo un amparo en el que se impugne la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada "la primera sala la declararía inconstitucional".
Entrevistado luego de dar a conocer los pormenores de la celebración del Día del Abogado, Castro aseveró que el principal problema que enfrenta la justicia en el país es la falta de confianza en las autoridades, tanto en jueces como en las procuradurías, lo que se traduce en desconfianza en las decisiones judiciales.
En la víspera de que la magistrada del quinto tribunal unitario, Antonia Herlinda Velasco, dictamine su fallo respecto a la acusación de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría y Mario Moya Palencia por la matanza del 10 de junio de 1971, Castro dijo que él coincide con el planteamiento de que el genocidio es imprescriptible.
Al respecto, rechazó la posibilidad de que este delito pudiera ser reclasificado por la magistrada por el de homicidio calificado, "porque entonces dicho delito ya habría prescrito", e indicó que la acusación que hizo la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado por genocidio "debe mantenerse".
Aunque calificó de "loco" al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano -quien criticó duramente la falta de capacidad de los agentes del Ministerio Público Federal y a la PGR- por su actitud recurrente de aparecer en los medios de comunicación, el ministro jubilado dijo que por lo menos en el caso del arquitecto Joaquín Romero Aparicio (identificado inicialmente por la propia Presidencia de la República como el capo Vicente Carrillo Fuentes) lo que resulta inexplicable es que si la autoridad reconoció que no es la persona que buscaban aún lo mantengan bajo arraigo.
"El quinto tribunal unitario debe resolver si hubo o no genocidio el 10 de junio de 1971. Sin embargo, ¿qué está pasando? -cuestionó-, que el problema actual en México es la desconfianza, porque no se confía ni en el Ministerio Público ni en los jueces."
Agregó que pudiera darse el caso de que se declare que hubo genocidio, pero en cuanto a la responsabilidad de los acusados, "pues no está claro que ellos lo hayan ordenado.
"El problema para la magistrada Herlinda Velasco es que sabe lo que todo mundo quiere, y si no está tan segura, si negara las órdenes de aprehensión, va a haber chiflidos fuertes, sobre todo de los organismos que presentaron la denuncia."
-¿Sería una raya más al tigre, porque se dirá que los jueces son los culpables?
-Definitivamente sí, pero esto no creo que se acabe, si seguimos con tantas cosas que están pasando en México, dudaría que no hubiera más críticas al Poder Judicial de la Federación.
-Pero, ¿dónde quedan los errores que ha cometido la PGR?
-Desgraciadamente creo que son ciertos. En este caso del arquitecto Joaquín Romero Aparicio -quien se dijo que era narcotraficante-, si la PGR ya dijo que no es Vicente Carrillo Fuentes, ¿cómo lo mantienen bajo arraigo?
-¿Qué opina del uso que le da la PGR a los arraigos?
-Los arraigos están resultando un atraco a las libertades de la gente, porque, si tú tienes los elementos, ¡consigna!; si no, ¡archiva la averiguación previa! Puede ser que el arraigo a veces sea bueno, pero cuando mucho por un plazo de 48 horas y muy bien documentado, porque no puede dejar en prisión a una persona indefinidamente, por eso el arraigo es un atraco.
-¿Y los testigos protegidos?
-Hace mucho tiempo que dije indignado que los testigos protegidos son inconstitucionales.
-¿Sería bueno que la SCJN se pronunciara respecto a la constitucionalidad de los arraigos y de los testigos protegidos, contenidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada?
-Sí, la Corte no ha entrado al fondo del asunto, porque no se ha planteado correctamente. No dudo un solo momento que la primera sala de la Suprema Corte diría que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es inconstitucional.