Pemex: la última estocada
No obstante la aprobación del nuevo régimen fiscal y los muy elevados ingresos obtenidos por los altos precios del petróleo, el gobierno del cambio insiste en modificar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para otorgar a esa empresa autonomía plena: de gestión, financiera y presupuestal, aduciendo que sólo así se evitará tanto su quiebra, como la venta de las reservas de hidrocarburos de México.
Esa visión catastrofista es mera retórica que forma parte de la estrategia para acelerar la transferencia de los hidrocarburos a los privados, nacionales y extranjeros. Ocultan el hecho de que Pemex ya goza de autonomía de gestión y financiera al otorgarle amplias facultades vía las leyes de Entidades Paraestatales y de la Orgánica de Pemex, lo que la ha convertido en una empresa muy poderosa, al tiempo que la mantiene en constante pugna con los secretarios de Hacienda y de Energía, quienes de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Federal, deberían regir las actividades en disputa.
La mera revisión de la Ley Orgánica de Pemex muestra que su director general es quien diseña los programas financieros; los sistemas de supervisión y control; el presupuesto para cada una de las subsidiarias, y define las actividades estratégicas de la paraestatal sin atender al Plan Nacional de Energía. Esas facultades, le permiten hoy a Ramírez Corzo, seguro con la anuencia foxiana, la libertad para decidir las prioridades de Petróleos Mexicanos.
Lo que es lamentable para el país es que sólo interesa la extracción de crudo, por lo que asignan a esta tarea 80 por ciento de su presupuesto, y únicamente 20 por ciento a las otras tres subsidiarias, que son las que le agregarían valor a la producción.
El consejo de administración -exclusivamente compuesto por funcionarios federales e integrantes del sindicato petrolero- posee amplia libertad de acción, lo que le permite disponer sin restricción del patrimonio de la empresa. Así, puede autorizar la creación, liquidación, transferencia o fusión de subsidiarias o filiales. Abusando de esta facultad, crearon 43 empresas privadas -financieras y comercializadoras, entre otras- en paraísos fiscales; el pretexto para quedar exentas de la rendición de cuentas es estar constituidas bajo leyes extranjeras.
Tanto al director general de Pemex, como a los de las subsidiarias, la ley les otorga la facultad para suscribir toda clase de actos, convenios o contratos; y, a través de poderes especiales, pueden transferir esa facultad a funcionarios inferiores. Es así como pretenden evadir la responsabilidad al suscribir contratos prohibidos por la Constitución, enviando a un empleado de cuarta a firmar los contratos de servicios múltiples o ahora las alianzas estratégicas.
En el caso de la subsidiaria encargada de la refinación del crudo se ha aprovechado esta facultad para firmar contratos con refinerías extranjeras a las que se les otorga un porcentaje de la producción de petróleo a cambio de que sean ellas las que agreguen valor a la producción y elaboren las gasolinas que después se importan a precios muy superiores. !Caray¡, en lugar de construir refinerías en el país.
Hoy existen varios contratos para refinación no sólo en Houston, Texas, con la Shell, por las que derrama lágrimas de cocodrilo el secretario de Energía; también en Texas se localizan Clark Refining and Marketing, en Port Arthur; Exxon en Vaytown; y Valero Refining, en Texas City; Marathon Ashland Supply LLc., en Louisiana; Chevron Products Company, en Mississippi; y Coastal Aruba Refining Company N.V, en Aruba. Me pregunto: ¿A qué se dedican las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero?.
Pemex y sus subsidiarias también poseen facultades de flexibilidad financiera: pueden emitir bonos y responder por el pago de las deudas contraídas, nacionales o externas. Al ser la extracción su máxima prioridad, el Ejecutivo sólo ha permitido hacer uso de esta facultad a Pemex Exploración y Producción. Y tienen más facultades, las necesarias para respaldar las estrategias que vayan construyendo.
Pero quieren más. Anhelan un gobierno corporativo, que convierta a la empresa pública en una sociedad de capital mixto, propietaria de las reservas de hidrocarburos y no sólo administradora de éstos, como lo marca la Constitución.
Es claro el propósito de compartir su patrimonio con los particulares y regirse por un consejo de administración autónomo, que responda a los intereses de sus socios; que enfoque su estrategia no a la maximización de la renta petrolera para el Estado, sino a la máxima obtención de utilidades para sus accionistas. Quieren un Pemex que no acate las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, sino que, con reglas dictadas por ese consejo, otorgue contratos de manera directa para favorecer a sus amigos. Con la autonomía presupuestal saldrían del Presupuesto de Egresos, limitando la actuación de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública en evaluación y control. El Congreso sólo auditará a través de la cuenta pública.
Mienten al decir que con la plena autonomía Pemex alcanzaría el rango de calidad mundial; la intención es eliminar la rectoría del Estado para facilitar su liquidación. Ahí está el IMSS, el que no obstante contar con plena autonomía, a diario se anuncia su quiebra por el gobierno de Fox, para que los privados aprovechen la coyuntura, como ya lo hacen, lucrando a costillas del pueblo y del sindicato. El IMSS ya recibió la última estocada. Sigue Pemex.