El Supremo Tribunal destacó que hubo irregularidades en su detención
Otorgan auto de libertad a El Cerillo, procesado por feminicidios en Juárez
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Victor Garc�Uribe, El Cerillo (al fondo), obtuvo ayer la libertad FOTO Jos�asta�s
Foto: Jos�asta�s
Ciudad Juárez, Chih., 14 de julio. Víctor García Uribe, El Cerillo, quien estaba preso en el penal de esta ciudad desde el 12 de noviembre de 2001 y purgaba una sentencia de 50 años de prisión como responsable de asesinar a ocho mujeres, recuperó su libertad hoy a las 11 horas, al ser notificado de la decisión de Rodolfo Acosta Muñoz, magistrado de la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en el sentido de que no se aportaron las suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad.
Al salir de la penitenciaría, García Uribe era esperado por familiares y amigos, no así por su esposa Miriam García, quien fue su principal defensora hasta hace un año, cuando le solicitó el divorcio.
Luego de revisar el expediente en tres ocasiones antes de dictar la sentencia que le fue leída en los separos del juzgado tercero de lo penal, Acosta Muñoz informó que no se tienen suficientes elementos para comprobar la responsabilidad de García Uribe en los crímenes que le fueron imputados por el Ministerio Público estatal, y destacó que las autoridades incurrieron en actos ilegales en el momento de la detención del procesado.
De acuerdo con el fallo del magistrado no se logró acreditar la tortura, pero sí la detención ilegal, ya que no existió orden de aprehensión previa.
El juzgador que revisó en segunda instancia la sentencia de 50 años, dictada por el juez tercero penal, encontró que las confesiones de los dos inculpados por los crímenes contra las jovencitas del lote algodonero no tenían congruencia y resultaban inverosímiles, luego de que García Uribe presuntamente confesó la culpabilidad de otros homicidios de los que no tenía abierto ningún proceso.
García Uribe fue detenido a finales de 2001 junto con Gustavo Meza, La Foca, su presunto cómplice en los homicidios que le imputaron -éste murió en prisión en condiciones poco claras, después de haber sido sometido a una cirugía- y desde el primer momento denunciaron haber sido sometidos a tortura física y sicológica para declararse culpables.
Organismos internacionales de derechos humanos habían señalado el caso de García Uribe como emblemático, por la violación de garantías individuales y la fabricación de culpables para justificar la acción de las autoridades estatales en la solución de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, por lo que hace un año fue sometido a la aplicación del protocolo de Estambul, el examen médico sicológico para detectar tortura.
Investigar tortura, pide Gobernación
La Comisión para Juárez -dependiente de la Secretaría de Gobernación- pidió a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua investigar y sancionar a quien torturó a Víctor García Uribe, El Cerillo, para obligarlo a declararse culpable de la muerte de ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, en 2001.
La cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua dictó ayer auto de libertad a dicho individuo, por lo que la comisión referida exigió una investigación "profesional y expedita" que permita dar con los verdaderos responsables de los crímenes.
Es necesario que se investigue a las y los funcionarios cuyas acciones u omisiones permitieron, mediante tortura y fabricación de evidencias, que García Uribe fuera procesado y sentenciado a 50 años, "lo que generó impunidad en este paradigmático caso de los feminicidios en Ciudad Juárez".
La Comisión para Juárez solicitó desde junio de 2004 a la Procuraduría General de la República la aplicación del dictamen médico sicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato, a fin de aclarar si los procesados fueron torturados.
Los resultados de dicho dictamen, conocido como protocolo de Estambul, no han sido dados a conocer hasta el momento. De ser positivos, señaló la Comisión para Juárez en un comunicado de prensa, las autoridades deberán investigar y sancionar a los funcionarios respetables, pues habrían violado el derecho de los procesados a un juicio apegado a derecho.
Con información de Fabiola Martínez