La entrega de México a EU
El gobierno de traición nacional, encabezado por Vicente Fox, en estos cinco años ha ido cerrando el círculo de la cesión del país a Estados Unidos, iniciado por sus predecesores, en abierta violación a la Constitución y las leyes que de ella emanan sin que el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia cuestionen el creciente proceso de pérdida de independencia política, económica y militar, propias de un Estado soberano.
El grupo gobernante no sólo ha establecido las condiciones óptimas para el saqueo, la expoliación y la explotación de nuestros recursos estratégicos (petróleo, gas natural y electricidad), fuerza de trabajo, recursos naturales (agua, minerales y biodiversidad), infraestructura de comunicaciones y transportes, transferencia de excedentes, llevados al cabo por los organismos financieros y las corporaciones trasnacionales radicados en Estados Unidos, procesos que de forma excelente analiza John Saxe Fernández en su libro La compra-venta de México (Plaza & Janés Editores, 2002).
Pese a los peligros evidentes para la población civil mexicana que implican, en estos días de atentados terroristas, acuerdos con la administración del George W. Bush, a espaldas de la ciudadanía y sin consultar al Congreso, Fox firmó el 23 de marzo la declaración conjunta México-Canadá-Estados Unidos denominada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). En el contexto de esta "alianza", el 27 de junio los tres países acordaron más de 300 regulaciones sobre comercio, carreteras y pasos transfronterizos que incluyen medidas de seguridad que afectan la vida, la libertad y los derechos humanos de los mexicanos, así como el ejercicio efectivo de nuestra soberanía.
ASPAN significa en los hechos que México se somete a las exigencias de seguridad nacional de Estados Unidos y de su estrategia de "lucha contra el terrorismo". A través de las iniciativas pactadas se desarrollarán instrumentos estándares y procesos compatibles "para la inspección antes de la salida de un puerto extranjero y en el primer puerto de entrada a América del Norte" para el monitoreo de viajeros, produciéndose una clasificación de los mismos en "confiables", "sospechosos" y de "alto riesgo", lo cual implica que nuestro país adopte los criterios estadunidenses de criminalización de las ideologías políticas, apariencias raciales, culturales y orígenes étnicos y nacionales, que en innumerables casos han resultado detenciones ilegales, vejaciones, tratos discriminatorios, interrogatorios humillantes y violación sistemática de los derechos humanos. El fichaje de millones de personas por haber pertenecido o pertenecer a organizaciones comunistas, antimperialistas, de oposición o por haber viajado a los otrora países socialistas ha hecho legendario el viacrucis de transitar por territorio de Estados Unidos.
La iniciativa de ASPAN incluye también: "desarrollar e instrumentar medidas de seguridad migratoria compatibles para mejorar la seguridad de América del Norte, incluyendo requerimientos para admisión y tiempos de estancia, estándares de política de visados, estándares de vigilancia, y examinar la factibilidad de sistemas de procedimientos de entrada y salida". Dentro de los "eventos determinantes" para "instrumentar" estas medidas de seguridad destaca el de "coordinar el despliegue de oficiales de Canadá y Estados Unidos en el extranjero para mejorar esfuerzos para el combate de orientaciones de migración ilegal destinados a América del Norte, en 21 meses", esto es, apadrinar las políticas migratorias estadunidenses y hacer de las autoridades mexicanas una filial de la migra del país del norte, subordinadas a los "oficiales extranjeros" que actuarían en territorio nacional.
El ASPAN también incluye estrecha cooperación en el terreno de la inteligencia, cuya iniciativa establece: "Mejorar nuestras capacidades para combatir el terrorismo a través del intercambio apropiado de listas de terroristas (terrorist watchlist) y el establecimiento de vínculos entre las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México", siendo parte de los "eventos determinantes" el que "los tres países negociarán acuerdos de intercambio bilateral de información de monitoreo a terroristas".
El caso del terrorista de origen cubano Posada Carriles en su paso por México, sin que aparentemente fuera detectado por los servicios de inteligencia de "América del Norte", ilustra que la "lista de terroristas" y su monitoreo no siempre toman en cuenta a los que actúan al servicio del gobierno de Estados Unidos, los cuales pueden ingresar sin ser molestados al territorio de ese país e incluso, como Orlando Bosh, vivir tranquilos su vejez en Miami bajo la protección de sus autoridades.
Asimismo, durante estos años de "lucha contra el terrorismo" se ha observado que Estados Unidos aplica el término "terrorista" a cualquier persona que no se pliega a sus dictados de dominación mundial, llevando a cabo secuestros, interrogatorios, detenciones y juicios sumarios en países extranjeros, por lo que resulta a todas luces peligrosa la aceptación de México -que siempre había sido tierra de asilo de luchadores antifascistas, revolucionarios y perseguidos políticos- de los discernimientos de identificación política o criminal manejados por el exponente máximo del terrorismo global de Estado.
ASPAN y las acciones que esta alianza conlleva debieran motivar el escrutinio, al menos, del Congreso de la Unión, los partidos que lo integran, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los medios de comunicación, que miran para otro lado mientras los herederos de Santa Anna integran a México a "América del Norte".