Pemex ¿in rigor mortis?
Merced a la sobrexplotación de los hidrocarburos y a los altos precios del crudo, Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia que captó entre 2001 y mayo de 2005 un promedio diario de 45.3 millones de dólares, los que acumulados arrojarían un total de 73 mil 411 millones de dólares, recursos, en su mayoría, con destino desconocido para los mexicanos, y que menos aún se han visto reflejados en beneficios para el país o la propia paraestatal: la economía sigue estancada, los empleos continúan perdiéndose y, para colmo, los habitantes de las regiones productoras siguen sufriendo daños en sus personas y patrimonios a causa de los accidentes que ocurren por el deficiente mantenimiento de su infraestructura o, peor aún, el que dejan de realizar las empresas que Pemex subcontrata, las más sin licitar y sin evaluar su capacidad técnica y financiera. Tal pareciera que la magia gubernamental, ahora sí, ha sido muy eficiente para desaparecer los multimillonarios recursos.
No obstante la inmensa cifra divulgada, equivalente a las tres cuartas partes de la deuda externa nacional, o a la ejecución de 40 proyectos de petroquímica de la envergadura de El Fénix, se insiste en que los canales de financiamiento de la paraestatal son insuficientes -que porque ya están saturados-, lo que obligará, señalan, a instrumentar nuevos mecanismos para capitalizar a la empresa ya no solo vía deuda, sino por medio de la venta de acciones patrimoniales, lo que, pese a estar prohibido por la Constitución, insisten en que sea autorizado.
Esa propuesta se concreta hoy en una iniciativa presentada por el senador Genaro Borrego, copia fiel pero ampliada de propuestas antes presentadas por diputados federales y por Pemex. Los objetivos son: plena autonomía de gestión y presupuestal; nuevo gobierno corporativo con enfoque empresarial, cuya prioridad es la maximización de las ganancias y orientando a la empresa sólo a la actividad más rápida y redituable: la extracción de crudo.
La iniciativa se sustenta en una ley emitida en 1934 -previa, pues, a la expropiación petrolera- llamada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, aún vigente, y que ahora se pretende aprovechar -modificando la Ley Orgánica de la Administración Pública- para que las empresas de carácter público, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, puedan constituirse en nuevas empresas con carácter mixto, es decir de interés público y privado, que tendrían encomendadas las áreas estratégicas señaladas en el 28 constitucional, como: hidrocarburos, petroquímica básica, generación de energía eléctrica y nuclear, entre otras. Ocultan, sin embargo, que la conformación de estas nuevas empresas mixtas resultaría violatoria del 27 constitucional, que establece que corresponde exclusivamente a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en el territorio nacional, lo que en realidad obliga a que esas empresas sean sólo públicas y para el interés colectivo.
En la iniciativa también se realizan cambios a la Ley Orgánica de Pemex, con el propósito de que la rectoría del Estado sobre la paraestatal y los hidrocarburos sea asumida por particulares, con quienes se compartiría el patrimonio, mediante la venta de acciones. En este contexto, los particulares asumirían el control de la empresa, por medio de un nuevo consejo de administración integrado por 15 miembros, de los cuales ocho serían consejeros independientes -eso sí, aprobados por el Senado-, con la obligación explícita de velar por los intereses privados y no por los del país.
Pretenden que a ese consejo se le transfieran las facultades que hoy tienen las secretarías de Hacienda y de la Función Pública en materia de vigilancia, evaluación y control, y que se rija por su propio estatuto orgánico; para evadir las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, emitiría sus propias reglas en la materia y exentaría a la empresa de realizar licitaciones públicas en los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos y gases asociados al petróleo; también estaría exenta de licitarse, entre otras cosas, la cobertura de seguros y de servicios financieros. Con su nuevo gobierno corporativo, el consejo tendría manos libres en todo.
Finalmente, la iniciativa no oculta la naturaleza privada que adquiriría la empresa, al sujetarla a la legislación mercantil y sólo en caso de laguna legal acudiría a las leyes de Entidades Paraestatales y Orgánica de la Administración Pública, agregando que cualquier referencia que se haga en otras leyes a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública se deberá entender como hecha al nuevo y corporativizado consejo de administración.
Con estas modificaciones se cumpliría el objetivo que la iniciativa señala en su artículo segundo: "Ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en términos de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y sus reglamentos."... Sí, pero para beneficio de intereses privados, con lo que de facto se privatizaría Pemex. Y aprobada la iniciativa, desaparecería la Secretaría de Energía, por innecesaria.