El gobierno de Fox soslayó implicaciones de la ASPAN, considera investigadora
México se pliega a la voluntad de Estados Unidos en materia energética
El Congreso debe estar atento ante el impulso de cambios constitucionales en cuanto a gas y electricidad
Comisión estadunidense considera al país y Canadá parte de su jurisdicción
El capítulo energético de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) evidencia un "plegamiento" del gobierno mexicano a la voluntad de Estados Unidos, que busca incrementar una oferta confiable de recursos (petróleo, gas y electricidad) a costa de nuestro país y de Canadá, afirmó Rosio Vargas Suárez, estudiosa del tema.
La académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM señaló, en entrevista, que el presidente Vicente Fox parece ajustarse a las demandas y requerimientos de sus socios, sobre todo de George Bush sin haber analizado las implicaciones de la alianza en un contexto mundial de recursos petroleros limitados.
Para la investigadora del CISAN, que actualmente estudia el impacto de la estrategia económica neoliberal estadunidense en el sector energético mexicano, el ASPAN representa un despliegue más decidido de los estadunidenses para implantar su estrategia energética en la región.
Explicó que esta estrategia consiste en el incremento de una oferta confiable de recursos (petróleo, gas, electricidad) en México y Canadá, que lo han abastecido por años; la construcción de infraestructura necesaria para ese fin; la implantación de cambios jurídicos que permitan a las empresas extranjeras, sobre todo estadunidenses, beneficiarse de la renta y buscar la permanencia de los cambios legales una vez concluidas las administraciones en turno.
La iniciativa no refleja, por parte de México, ni la existencia de una propuesta energética propia ni una discusión previa por parte de expertos mexicanos en la materia, afirmó la investigadora con maestría en economía y política internacional y doctorado en ingeniería energética.
"Muestra también el plegamiento en términos de agendas a la voluntad de Washington al incorporar, en una negociación internacional, la agenda energética y descartar la migratoria", explicó.
Señaló que el Congreso de la Unión y otros actores políticos deberían estar atentos a las implicaciones del ASPAN en materia energética, porque se está hablando de "armonización de regulaciones" y ello sugiere que México se tendría que ajustar al modelo de mercado del gas natural y de la industria eléctrica prevaleciente en sus dos vecinos del norte.
Para que eso ocurra, dijo, se requieren hacer cambios constitucionales y por tanto la aprobación del Congreso. De no ser éste el mecanismo tendría que ser mediante la imposición del jefe del Ejecutivo a través de sus empresas estatales (Pemex y CFE).
Otra vía, indicó, sería la imposición de la normatividad extraterritorial del Congreso de Estados Unidos y/o de la Federal Energy Regulatory Commision (FERC). Esto es ya un hecho en la estandarización del mercado eléctrico de Estados Unidos que considera a México y a Canadá como parte de su jurisdicción.
Actualmente, EU es el principal consumidor de petróleo en términos absolutos (21 millones de barriles diarios), así como per cápita, y no da visos de tener una verdadera política de conservación de energía.
Señaló que la Alianza se inscribe en un contexto en que las potencias mundiales están afianzando reservas petroleras y gaseras futuras en sitios promisorios como el Mar Caspio, Siberia, Irán, Africa Occidental, Venezuela, Bolivia y Perú, entre los más importantes, en vista de que se vislumbra el agotamiento en muchos yacimientos en todo el mundo.
También se relaciona con la situación de la industria petrolera estadunidense que tiene una baja en su producción y empieza a mostrar signos de escasez en su industria de gas natural.
Las reservas del vecino país del norte, indicó, se han logrado mantener por años gracias a las importaciones. Esta situación se traduce en una importante dependencia del crudo del exterior mismo que se estima llegue a cubrir 70 por ciento del consumo total en el 2025.
Vargas explicó que la decisión de Estados Unidos de afianzar la producción de energéticos en América del Norte se relaciona con motivos de seguridad ya que tanto México como Canadá han sido, históricamente, sus abastecedores confiables.
Refirió que en la Alianza también están en juego los intereses de las grandes empresas petroleras trasnacionales que son representadas por el Council on Foreign Relations de Estados Unidos.
El ASPAN, dijo, parece ser un acuerdo entre las elites más trasnacionalizadas por lo que es claro que el mayor beneficio será para este sector y no necesariamente para el sector privado nacional ni mucho menos para el pueblo mexicano.
La otra consecuencia es que México va a servir de plataforma de rexportación del gas natural licuado procedente de otras latitudes, como Perú y Bolivia, a fin de ser reprocesado y entrar al mercado estadunidense.
Algunas de estas plantas están vinculadas a la generación de electricidad que será en parte para el mercado bajacaliforniano y, fundamentalmente, para exportar a California (70 por ciento).
Dijo que si bien los proyectos se venden a la opinión pública como la opción para generar electricidad para un mercado no integrado al sistema eléctrico nacional, tiene serios cuestionamientos en materia ambiental y representa un ahorro económico sustantivo para las empresas ante la normatividad que tendría que afrontar en caso de ubicarse del otro lado de la línea fronteriza.