La legislatura local aprobó modificaciones a la ley orgánica en diciembre de 2002
Se inconforman trabajadores de la UdeG por reformas en pensiones y jubilaciones
El SPAUdeG pidió una revisión de controversia constitucional al Congreso de la Unión
Trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) interpusieron ante el Congreso de la Unión una solicitud de revisión de controversia constitucional contra la legislatura local por haber aprobado reformas a la ley orgánica de la institución respecto de pensiones y jubilaciones de los trabajadores universitarios, pues sostienen que pertenecen al apartado A del artículo 123 de la Constitución y, por tanto, se trata de una invasión del ámbito federal.
Román Munguía Huato, secretario de Organización del Sindicato del Personal Académico de la UdeG (SPAUdeG) y miembro del Departamento de Sociología, sostuvo que las reformas al sistema de pensiones y jubilaciones de la universidad, aprobadas por el Congreso estatal en diciembre de 2002, se ubican "a tono con las políticas neoliberales contra el estado de bienestar y seguridad social", y advirtió que "la ofensiva" sienta precedente de lo que puede suceder con las pretensiones de modificar los regímenes pensionario y jubilatorio en otras universidades públicas.
Calificó de "ilegítima" dicha aprobación de los legisladores locales, porque "invadieron la esfera política del Congreso de la Unión", ya que sólo esta instancia puede modificar "la legislación relativa al artículo 123 constitucional".
En este sentido, Francisco Ruiz Rivas, apoderado especial de cerca de 140 trabajadores -entre académicos, de servicios y administrativos- que litigan procedimientos laborales contra la UdeG ventilados ante la décima Junta Especial de lo Local de Conciliación y Arbitraje en Jalisco, solicitó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo del Congreso de la Unión conocer la controversia constitucional suscitada por el decreto 19871 de la anterior legislatura del Congreso local, publicado en el Diario Oficial del estado el 24 de diciembre de 2002, mediante el cual reformó la Ley Orgánica de la UdeG, "invadiendo esferas del H. Congreso de la Unión".
En el escrito, el apoderado especial de los académicos advierte que los trabajadores de esa casa de estudios pertenecen al apartado A del artículo 123 de la Constitución, y citó el artículo 73, fracción X, de la Carta Magna, que establece la facultad de los órganos legislativos federales para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
Por ello, solicitó que, en virtud de haberse realizado un hecho "que encuadra en la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la invasión en la esfera federal, por haber legislado el H. Congreso del estado de Jalisco, en materia laboral, entre un organismo descentralizado del gobierno del estado, con sus trabajadores, y que dicha relación se rige por el apartado A, del artículo 123, constitucional", resulta procedente que el Congreso de la Unión denuncie la controversia constitucional que se ha suscitado.
Cinco años más de servicio
Cabe recordar que la UdeG celebró un convenio con los sindicatos titulares de los contratos colectivos -entre los que no se encuentra el SPAUdeG- para establecer el nuevo sistema de pensiones. El contrato anterior establecía que el trabajador académico o administrativo podía jubilarse al cumplir 30 años de servicio, sin necesidad de llegar a una edad específica. Ahora la universidad exige que el trabajador tenga 35 años de servicio y 65 años de edad, además de que a los empleados se les descuenta un porcentaje de sus percepciones para el Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Los cambios son aplicados inclusive a los trabajadores que estaban bajo la anterior ley.
Munguía Huato consideró que se violaron "en flagrancia" varias leyes de la Constitución, y agregó que los quejosos actúan a título personal, porque "los sindicatos blancos, titulares de los contratos colectivos, no nos defienden en nada. Al contrario, nos perjudican".