Responsabilidad internacional e interés nacional
México participa en las operaciones de mantenimiento de la paz que organiza Naciones Unidas sin faltar a su obligación contractual como miembro de la organización: paga las cuotas que le corresponden cabal y oportunamente. Más allá de eso es, en cada caso, el grado de responsabilidad internacional que reconoce y el interés nacional que mantiene, lo que determina el grado de su participación.
La realidad y la lógica respaldan esa práctica. México participó con un contingente policiaco, totalmente civil, en la misión que envió Naciones Unidas a auxiliar en la consolidación y cumplimiento de los acuerdos de paz de El Salvador. Lo hizo porque, internacionalmente, era de su responsabilidad hacerlo y porque la consolidación de la paz en la región era de su interés prioritario. La responsabilidad provino del hecho de que, por sus dimensiones, capacidad económica e importancia política, México tiene peso significativo en la región centroamericana y el interés por que la pacificación de la región ya resultaba inaplazable.
Brasil, aunque muy distante del archipiélago de la Sonda, sí sintió la responsabilidad de asistir a la consolidación de la independencia del luso parlante Timor Leste, responsabilidad que surge de su condición de país de habla portuguesa más poderoso del mundo y del interés de hacer patente esa posición, agregado todo a una legítima preocupación humanitaria. Australia, por su parte, es la potencia regional más fuerte y cercana. Ambos países jugaron papel significativo en esa misión. En cambio, no sería razonable pensar que México debiera acudir al Timor Oriental, tan alejado de su zona de influencia y responsabilidad y de sus intereses nacionales directos.
La actitud mexicana en torno a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas ha sido realista y consecuente con su verdadera posición en el mundo. Sin embargo, de manera recurrente surgen promotores de un cambio sustancial en esa conducta. Se pretende que México participe en esas operaciones atendiendo a las disposiciones del Consejo de Seguridad, a la invitación del secretario general y a las sugerencias de Estados Unidos. Se alega -como si se hubiera comprado un derecho- que, si México paga la cuota que le corresponde de cada operación, debería también participar con personal que podría ser civil al principio, ya que "por ahora" no se prevé un caso en que se requiera la participación militar. Es decir, que se procura inscribir a México en la lista de los comparsas habituales en el sometimiento de los desafortunados gobiernos que caen en la agenda del Consejo de Seguridad. Así se intenta debilitar una política que además de protectora de los intereses nacionales (y eventualmente vidas mexicanas) sirve también para no involucrar al país en misiones injerencistas, injustas o ilegítimas.
No se puede olvidar que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz las decide el Consejo de Seguridad a partir de los privilegios de veto de los que pueden hacer la guerra y de la hegemonía de Estados Unidos.
Afortunadamente -hay que decirlo- ha sido el propio Presidente de la República, quien, ya en dos ocasiones, ha salido al paso de las obsequiosas iniciativas de la cancillería. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que estas iniciativas se plantean cuando, más que discutir, se dirime en las Naciones Unidas la reforma de ese organismo y México carece aún de una posición al respecto acorde con su carácter de nación pacifista y en busca de su propio desarrollo.
Al pensar en la clase de organización que requiere la comunidad internacional no es posible obviar el hecho de que Naciones Unidas fue creada para enfrentar el orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial en el que el factor decisivo era la existencia de dos potencias rivales y dos bloques que las apoyaban y que ese orden internacional ya no existe. El colapso de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo europeo trajeron automáticamente un nuevo orden internacional en el que Estados Unidos no sólo conservó su carácter de superpotencia, sino que la aumentó al nivel de potencia hegemónica mundial. La reorganización de la alianza occidental para el control del mundo en desarrollo ocupó los últimos años del siglo y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 despertaron la furia del hegemón.
La invasión y ocupación de Irak, además del derrocamiento de su gobierno, la matanza de sus habitantes, la destrucción de su economía y el despojo de sus recursos petroleros, trajo la demostración patente de la modificación del orden internacional. Estados Unidos actuó a contrapelo de la voluntad de los miembros del Consejo y con ello puso de manifiesto que el veto no es un derecho, sino un poder y que ninguno otro de sus actuales miembros lo posee. Estados Unidos no solamente pudo prescindir de Naciones Unidas, sino que también las sometió hasta hacerlas participar en la ocupación de Irak. En tales circunstancias, resulta una verdad incontestable que la actuación del Consejo de Seguridad está constreñida a la voluntad del gobierno de Estados Unidos, el que no encuentra razón para acatar los dictados del derecho internacional, ahora en plena regresión.
Por consiguiente, cualquier modificación a la estructura y facultades del Consejo -vale decir, cualquier reforma de la organización- que no esté diseñada para enfrentar y contrarrestar el orden internacional hegemonista será simplemente cosmética. Incorporar al Consejo a los antiguos enemigos, ahora ricos, Japón y Alemania, o a las grandes, pero aún menesterosas potencias regionales, India o Brasil, no modificará la condición hegemónica, el talante belicoso, o el desprecio por el derecho ajeno que cultiva el gobierno de Estados Unidos.
México no debe participar en tan engañoso ejercicio. Por el contrario, tiene el deber inexcusable de mantener una posición consecuente con su propia doctrina de política exterior que reclama salvaguardar tanto la soberanía cuanto la paz. A fin de cuentas en eso consiste la seguridad internacional.