Ramón Vera Herrera, Sacha, Orellana, Ecuador, julio de 2005. El clima de terror que viven las poblaciones aledañas al río San Miguel que divide Ecuador de Colombia, distante unos 60 kilómetros de esta localidad, está vaciando la franja fronteriza, sobre todo en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas.

Este desplazamiento hacia el interior (no sólo de los refugiados colombianos sino de la población local), abre de facto una franja de amortiguamiento estratégico de guerra, y se debe a las incursiones de las fuerzas armadas colombianas cuyas avionetas fumigan la frontera con glifosato --y probablemente algún defoliante-- devastando la salud y los cultivos de los ecuatorianos; al hostigamiento, patrullaje y asesinato por parte de paramilitares que ya viven y operan en el lado ecuatoriano; a la fragilidad de las opciones de trabajo y producción, y al constante ambiente de inseguridad. El ejército ecuatoriano niega la veracidad de estas afirmaciones.

Así lo expresan múltiples testimonios de representantes de comunidades y organizaciones que viven en un rincón que tal vez pronto asome a los titulares de los medios de comunicación mundiales como escenario geopolítico de otra guerra estelar, por petróleo, agua y biodiversidad. En su recuento, el Plan Colombia es también una estrategia de gran envergadura por convertir la Amazonía ecuatoriana, colombiana y peruana en un gran laboratorio de control territorial, apropiación de los recursos y contrainsurgencia en la zona andina del Cono Sur.

Estados Unidos parece el gran factor tras todo este desequilibrio programado, en connivencia expresa con el gobierno y las fuerzas armadas colombianas y la complicidad tácita del Estado ecuatoriano.

Para estos representantes (colonos, población afroecuatoriana y comunidades kichwas, cofanes, shuar y wahoraníes), la guerra que libran los ejércitos rebeldes de FARC y ELN con las fuerzas armadas de Colombia --y con los paramilitares auspiciados por su gobierno, Estados Unidos y algunas empresas, entre ellas muy notablemente la Coca-Cola--, viene a trastocar sus territorios ancestrales y a violar los derechos colectivos de pueblos y comunidades en un vasto territorio amazónico destripado literalmente por la extracción petrolera, la tala de la selva, la contaminación y apropiación de las fuentes del más caudaloso sistema de agua del mundo, el Amazonas, y la bioprospección rampante.

Sus testimonios coinciden con el informe de la Misión Internacional a la Frontera Ecuatoriana con Colombia, en que participaron siete organizaciones internacionales y catorce ecuatorianas que recorrieron, entre el 20 y el 22 de junio pasado, las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, a lo largo de la frontera. La Misión entrevistó autoridades civiles, religiosas, policiales y militares, funcionarios de gobierno y población en general, recabando de primera mano datos y testimonios sobre la situación de inseguridad, desplazamiento, contaminación, enfermedades, hostigamiento y asesinato.

En una de sus recomendaciones, el informe de la Misión afirma:

Consideramos urgente que el Estado ecuatoriano transparente los términos en los que está manejando las relaciones con Colombia. Debe aclararse si existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo ecuatoriano. Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no existir los convenios, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas.

Es igualmente urgente que las autoridades militares de la zona asuman su papel de vigilancia de la frontera, para proteger a la población frente a las incursiones de las fuerzas armadas colombianas, el hostigamiento de las fuerzas paramilitares y los graves hechos de delincuencia común que se presentan. Pero esta labor se debe desarrollar en el marco de unas relaciones de respeto, consideración y cuidado real de la población civil, la frontera no debe militarizarse, debe tener real presencia de las autoridades civiles de gobierno, salud, educación, etcétera y no constituirse en un espacio para la criminalización social.

Esta situación no es nueva. Desde el año 2000, las fumigaciones emprendidas por el ejército colombiano en la zona fronteriza se pretendían justificar con la erradicación de las siembras de coca en Colombia muy cerca de la frontera. A partir de abril-mayo de 2002, "helicópteros colombianos sobrevolaron territorio ecuatoriano y una de las naves se mantuvo encima de la plaza de Puerto Nuevo con claras señales de amenazar a la población con un ametrallamiento". Por esas mismas fechas "una columna del ejército colombiano disparó sobre el cauce del río San Miguel obligando a varios botes a orillarse". Con el tiempo, se desnudó entonces el carácter contrainsurgente de estas fumigaciones, la intención de vaciar la frontera y de ser posible una porción más vasta de la Amazonía ecuatoriana con fines militares ligados al expreso control que el ejército estadunidense y las empresas multinacionales tienen sobre la región. "En octubre de 2002, los helicópteros colombianos daban la vuelta por el territorio ecuatoriano apoyando la fumigación. También se escuchaban disparos y se vieron luces de bengala. En los techos de Puerto Mestanza encontraron cartuchos, por lo cual la población estaba con miedo. Ese mismo mes, en el Recinto Cinco de Agosto las avionetas fumigadoras cruzaron al territorio ecuatoriano desde La Balastrera en Colombia y dejaron a la gente enormemente afectada. Un morador refiere que a 600 metros de la frontera la fumigación le cayó directamente sobre su casa porque las avionetas no cortaban el chorro al cruzar la frontera".

No obstante las denuncias, los ataques continuaron en 2003 y 2004 y aún en abril y mayo de 2005 hubo fumigaciones e incursiones en Los Limones, provincia de Esmeraldas y en San Marcos, en territorio del pueblo awá de Ecuador.

No son incidentes momentáneos. El periodo de fumigaciones dura varias semanas, 8 horas diarias. A veces, en algunos lugares, pasan de 8 a 12 veces por un mismo lugar "como queriendo descargar el químico, sin más esfuerzo, o como queriendo castigar".

Los efectos combinados de estos ataques son: envenenamiento de cultivos, defoliación, enfermedades asintomáticas graves, pérdidas de cosechas, muertes por cáncer, afecciones de la piel, abortos, contaminación de las fuentes del Amazonas que tarde o temprano afectarán todo el sistema hídrico hasta Brasil, desplazados, vaciamiento de poblados, miedo, prostitución, aumento de robos y asaltos, tráfico de armas, el ajusticiamiento de ecuatorianos por parte de los paramilitares.

Ante este panorama, uno se pregunta si el Plan Colombia no es en realidad un Plan Amazonía que, menospreciando por completo las estructuras del Estado ecuatoriano, o en complicidad con un gobierno que se declaró "neutral" en el conflicto armado colombiano, posicione a Estados Unidos y las empresas petroleras en un espacio geopolítico privilegiado para seguir expandiendo su voracidad global.

No extraña entonces que las autoridades del pueblo wahorani marchen a Quito a exigir el retiro inmediato de todas las petroleras, y que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reclame enérgicamente por el saqueo y la devastación de que son objeto los territorios kichwa, shuar, cofán, wahorani y awá a manos de Oxy, Repsol, Chevron-Texaco, Petrobras y Petro Ecuador, Halliburton y otras.