Cuando se firmaba el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas que habíamos sufrido los embates del militarismo, promovido por la Escuela de Las Américas y la cia, estábamos conscientes que si bien se negociaba la paz (que además surgía de un proceso forzado por la comunidad internacional), no estábamos preparados y la paz se presentaba como una construcción mucho más sufrida y dolorosa que la misma guerra.

Sufrida y dolorosa, por un lado, porque había que buscar el camino para la construcción de una sociedad guatemalteca mucho más justa, democrática y sin racismo; por el otro lado, se comenzaría a construir una nueva institucionalidad y esto significó el desmantelamiento de las bases del movimiento guerrillero, pero también la transformación de las fuerzas militares y de policía, sobre todo aquellos que habían ejecutado las políticas de contrainsurgencia contra la sociedad civil. Esto último no se logró a cabalidad a pesar de la firma del Acuerdo sobre el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática.

La sociedad civil y sus organizaciones hicieron un trabajo incalculable para terminar con la etapa de terror, con la elaboración de informes sobre la guerra, el levantamiento de cementerios clandestinos, la reparación psicosocial de las víctimas, además de implementar la persecución penal contra violadores a los derechos humanos durante el conflicto armado.

La comunidad internacional jugó un papel importante a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), las agencias, los programas y proyectos del sistema de las Naciones Unidas y ahora la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Impartieron cursos sobre derecho internacional humanitario, derechos humanos y de los pueblos indígenas a miembros del ejército, policía y otras instituciones del Estado.

Sin embargo, las acciones tanto jurídicas como psicosociales o bien de capacitación y formación, no han dado su fruto. Por lo que se ve y se vive en Guatemala, la situación es mucho más profunda y lleva muchos años de tener raíz.

Después de la firma de la paz, comienzan otros fenómenos que podrían ser un efecto violento de la no existencia de programas del Estado para una verdadera paz: la delincuencia juvenil, o las bandas de secuestradores, robacarros y narcotráfico que utilizando las mismas estructuras organizativas de los grupos paramilitares comienzan a hacer estragos hasta en los últimos rincones del país.

Todos los gobiernos de la posguerra (Arzú, Portillo y ahora Berger), han atribuido la delincuencia únicamente al narcotráfico, y ahora la asocian con lo que plantea el proyecto antiterrorista del gobierno de George W. Bush. No tardarán en atribuir al terrorismo internacional todos los hechos de violencia que se suscitan en Guatemala. Las acciones delincuenciales, sobre todo los asesinatos de mujeres indefensas hoy conocidos como feminicidios, los atentados contra el movimiento social (allanamientos de oficinas, amenazas de muertes, y ahora toma de poblaciones por un nuevo grupo paramilitar) tienen una sola causa: los grupos de poder siguen siendo los militares y ricos de siempre.

Debe atenderse el comunicado de la Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (Unacodhi) y el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL), denunciando la aparición de un nuevo "escuadrón de la muerte" en el departamento de Sololá que asume una consigna de "limpieza social", supuestamente en contra de los delincuentes juveniles.

Desde hace algunos meses y sobre todo con el nuevo gobierno, el movimiento social guatemalteco ha denunciado nuevos brotes de violencia en el país que están creando una situación de violencia "extrajudicial", y provocan muertes y zozobra sobre todo en áreas donde los campesinos mayas y ladinos se oponen al proyecto neoliberal y a las concesiones mineras. Además, amenazas de despido de dirigentes sindicales, constantes presiones contra diputados que apoyan las demandas sociales y acoso a los medios de comunicación, sobre todo los alternativos.

Las manifestaciones contra el proyecto neoliberal también fueron confirmadas por las consultas populares realizadas en Río Hondo y Sipacapa, además de las grandes movilizaciones al inicio de este año en oposición a las concesiones mineras como parte del Plan Puebla Panamá, impulsado por el gobierno de México, con el apoyo del gobierno norteamericano, y bajo orientaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

La acciones violentas en Sololá y en todo el país son un mensaje para quienes se opongan al proyecto neoliberal del gobierno, y un ejemplo claro de que los grupos de poder que motivaron los treinta y seis años de conflicto armado interno permanecen intactos. El ejército sigue siendo un aparato de control interno con potestades para crear grupos paramilitares que mantengan la zozobra entre la población. Y los grupos que ostentan del poder económico no se han comprometido plenamente con el proceso de paz.

Las pésimas tierras otorgadas a los excombatientes de la guerrilla, a los desplazados y los repatriados, representan sólo un mea culpa que ha servido para mediatizar y obstaculizar lo que desde hace muchos años es una exigencia del movimiento social: una verdadera reforma agraria.

El proceso de paz no ha sido efectivo. Tampoco la participación de la comunidad internacional, ni los proyectos de formación y capacitación sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Cayeron en el abismo los informes de Minugua y de otras comisiones. Ojalá que no terminé así el esfuerzo de la Oficina de la Alta Comisionada.

Guatemala ya no necesita medias tintas sino proyectos reales, y esto sólo puede ser impulsado por el movimiento social. Un proyecto que retome la reforma a la Constitución como un medio para cumplir los acuerdos de paz. Esta reforma no sólo debe servir para terminar con la discriminación y el racismo, sino que debe acabar con la pobreza, el hambre, la desnutrición, falta de educación y otras necesidades que aquejan a la mayor parte de la población. Esta reforma debe potenciar la autonomía y la autoderminación de los pueblos. En una palabra, la reforma debe restituir los territorios y las tierras indígenas.

Guatemala caminará por el camino de la paz cuando se acabe el militarismo. Cuando los grupos de poder acepten que han sido los causantes de los grandes males en el país. Cuando el movimiento social sea una vez más "uno" y retome el proyecto político con que se impulsaron los acuerdos de paz.

Ya no queremos más muertes en Guatemala, pero hacemos propio el lema de Unacodhi: "Jamás nos damos por vencidos, lucharemos siempre por la vida".