En Estados Unidos, "se piensa que los activistas indígenas son elementos desestabilizadores y terroristas" y sus demandas y activismo comienzan a verse bajo una luz de criminalidad, dijo a ips el abogado José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile.

Pedro Cayuqueo, director del periódico mapuche Azkintuwe, también de Temuco, describió el estudio del National Inteligence Council (NIC), Global Trends 2020-Mapping the Global Future, como una "radiografía verosímil" de potenciales "escenarios de contrainsurgencia" de aquí al año 2020 (ver Ojarasca, abril 2005).

El NIC trabaja con 13 agencias gubernamentales, incluida la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense) y recibe asesoría de expertos de Estados Unidos y otros países. Para redactar su informe, el nic organizó 12 conferencias regionales por todo el mundo, una de las cuales se llevó a cabo en Santiago en junio de 2004.

Según esta visión, la emergencia de movimientos indígenas más organizados y el fortalecimiento de sus identidades son objetivo de "la llamada guerra de baja intensidad, una renovada versión de la Doctrina de Seguridad Nacional" que fue la base del intervencionismo estadunidense en América Latina entre los sesenta y el fin de la Guerra Fría a principios de los noventa.

Así, la cuestión indígena parece formar parte de lo que Estados Unidos considera futuras amenazas a su hegemonía.

En América Latina, la subregión andina es vista como el área "más caliente", por el creciente papel político que juegan los movimientos indígenas bien organizados de Bolivia y Ecuador, pero también por el impacto sobre los pueblos indios del conflicto armado y el tráfico de drogas en Colombia.

En años recientes, las organizaciones mapuche de Chile y Argentina se han vuelto más y más radicales en el reclamo de su territorio ancestral, de su autonomía y en la defensa del ambiente, amenazado por la minería y las corporaciones forestales a las que se conceden recortes fiscales y otros incentivos gubernamentales.

"Las naciones indígenas ejercen y conservan una esencia profundamente democrática en sus estructuras de toma de decisiones y organización, pero las corporaciones transnacionales fomentan su exclusión de la sociedad y empujan al pueblo indígena a la violencia, lo que podría traducirse en un conflicto armado", dijo en Bolivia el líder aymara Juan de la Cruz Vilca.

El 70 por ciento de los 9.2 millones de bolivianos se identifica como indígena, y su movimiento, junto con otros sectores, exige una asamblea constituyente que reescriba la Constitución y "refunde la república" para conceder autodeterminación a los 36 pueblos originarios del país, añadió De la Cruz Vilca.

El activista, anterior presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, acusó a las petroleras de respaldar la exigencia de una autonomía regional impulsada por los grandes terratenientes y hombres de negocios en las ricas regiones orientales de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, donde se concentran las reservas de gas natural del país.

"Tras ese intento hay el plan oculto de generar una reacción violenta de los movimientos indígenas que justifique una intervención militar externa", afirmó.

"Es cierto que desde el punto de vista de los poderes económicos y políticos los pueblos indios son una amenaza. Nos ven como terroristas, pero no lo somos. Nuestra lucha es abierta, legal y legítima", dijo Ricardo Díaz, legislador indígena del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de oposición más fuerte de Bolivia.

En Ecuador, con 13 millones de habitantes, el pueblo indígena suma un 40 por ciento. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Luis Macas, dijo a ips que si su movimiento, "que conduce la lucha indígena por canales pacíficos, no existiera, la pobreza en que se encuentran nuestras comunidades y el pueblo ecuatoriano en general, podría ser terreno fértil para la emergencia de organizaciones que intentarían cambiar la situación social mediante la violencia, pero eso no ha ocurrido".

Feliciano Valencia, de la Asociación de Consejos Indígenas del Norte de Cauca, una provincia colombiana, dice: "No somos una amenaza para el mundo o para Estados Unidos. Al contrario, mantenemos la esperanza, una alternativa para la humanidad".

Este líder nasa dijo que el gobierno colombiano ya emprendía políticas de persecución contra los movimientos sociales e indígenas desde antes que se publicara el informe del nic.

Los nasa suman unas 150 mil personas, lo que lo hace el segundo pueblo indígena más grande de Colombia, donde habitan 90 pueblos originarios, 2 por ciento de la población de 44 millones.

Pese a que la Constitución colombiana concedió autonomía a los pueblos indios, esa previsión no es respetada, y existen continuas ocupaciones de tierras a cargo de los militares y de grupos armados irregulares, dijo Valencia. También protestó contra la fumigación de sus cultivos de coca y por el desplazamiento de los pueblos indígenas por aquellos interesados en apoderarse de los recursos naturales de sus territorios.

José Santos Millao, uno de los miembros mapuche de la Corporación Nacional de Chile para el Desarrollo Indígena, remarcó que los servicios de inteligencia estadunidenses consideran, "sospechosa o estúpidamente", que las protestas indígenas son parte de tendencias "terroristas", con el fin de distorsionar sus "legítimas demandas".

En Chile, 6.4 por ciento de la población de 15.2 millones se identifica como indígena de alguno de los seis pueblos, aunque hay quien afirma que son el 10 por ciento.

En Argentina, los pueblos nativos van del 1.5 a los 2 millones, de 37 millones de habitantes. En Argentina y en Chile los mapuche son el pueblo más grande.

Los conflictos agrarios han estallado de nuevo por la entrada de las compañías mineras, petroleras, forestales y del agua.

Mauro Millán de la Organización Mapuche Tehuelche, de Argentina, dice: "Estados Unidos trata de mostrar la reacción de defensa territorial del pueblo mapuche como problema de seguridad de nuestros países".

En Brasil, donde los 400 mil indígenas representan el 0.2 por ciento de la población, es absurdo decir que sus demandas y protestas tengan un efecto desestabilizador, dijeron Jairo da Silva, coordinador indígena adjunto del consejo del estado de Roraima y Paulo Maldós, asesor político del Consejo Indigenista Misionero, ligado a la iglesia católica.

Según Maldós, en América Latina los pueblos indígenas están en "reconstrucción" lo que explica por qué el movimiento obrero se ve eclipsado por las asociaciones de jornaleros rurales y campesinos. Citó el caso boliviano, donde los mineros, antes vinculados a poderosos sindicatos muy organizados, han sido opacados por los cultivadores de la coca.

El abogado Aylwin dijo que "el verdadero factor de desestabilización es la estrecha actitud mental de algunos Estados, como el chileno, que se niegan a reconocer la naturaleza multiétnica del país y a diseñar mecanismos que permitan que se exprese".