Raúl Alvarez Garín, del Comité 68 Pro Libertades
Maniobra ilegal, exculpar a Echeverría y Moya
Denuncia que funcionarios presionan al Poder Judicial
Para el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la propuesta de la magistrada del quinto tribunal unitario del Distrito Federal, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, de negar las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por considerar que no ocurrió genocidio en el caso del jueves de Corpus, es una "maniobra burda e ilegal" que puede dar pauta a un "acto de impunidad de terribles consecuencias".
Raúl Alvarez Garín, integrante del comité, refirió que hay funcionarios y ex servidores públicos que están presionando al Poder Judicial Federal (PJF), con el propósito de dar carpetazo al juicio relativo a la matanza del 10 de junio de 1971.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de la Procuraduría General de la República (PGR) está en espera de que la juzgadora determine si ese día ocurrió un acto genocida y existen elementos para aprehender a Echeverría y Moya como presuntos responsables de un operativo de Estado encaminado a destruir total o parcialmente a un grupo nacional (estudiantes) que se oponía al régimen priísta.
De acuerdo con el proyecto de resolución de la magistrada, al que tuvo acceso La Jornada, se propone archivar el asunto mediante la negativa de las dos órdenes de captura.
Sobre esa posibilidad, que de confirmarse evitaría que los ex funcionarios fueran llevados a prisión y juzgados por el jueves de Corpus, Alvarez Garín manifestó que las presiones al PJF se demuestran, primero, con la negativa del juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, de librar las medidas cautelares solicitadas por la Femospp, y segundo con la propuesta de la magistrada de confirmar la resolución de su compañero de primera instancia.
En entrevista, el ex dirigente estudiantil consideró que hay una "intención perversa" de trasladar cualquier responsabilidad en este caso, del PJF a la fiscalía del pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, lo cual es "injusto".
Finalmente indicó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó abierta la posibilidad de que se juzgara penalmente a Echeverría y a Moya, al considerar que el delito de genocidio no ha prescrito para ellos, lo hizo de manera limitada.