El sistema penitenciario, con múltiples defectos: Fox
Hoy aprobarían en el Senado la Ley de Ejecución de Sanciones
Este martes las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República podrían aprobar la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales que envió el presidente Vicente Fox en su paquete de seguridad. El Ejecutivo argumenta "que la sociedad mexicana ha cuestionado severamente el modelo de readaptación social consagrado en el artículo 18 de la Constitución política mexicana".
En las consideraciones del proyecto que envió al Senado, Fox señala que el sistema penitenciario presenta múltiples deficiencias y que bajo el actual esquema jurídico no se visualiza que se pueda alcanzar el principal objetivo: "ser verdaderos centros de readaptación social".
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que es incuestionable la percepción ciudadana sobre la situación de los centros de readaptación social, que dista mucho del ideal plasmado en la Constitución, ya que por falta de recursos financieros y de personal calificado "se incrementan la impunidad, la corrupción, los altos índices de hacinamiento y los problemas de acceso a servicios de salud. Además, elevados niveles de violencia, prostitución y consumo de drogas, así como rezago en la revisión de expedientes y discrecionalidad en la ejecución de sentencias".
Al predictamen de dicha iniciativa, que podría ser aprobado esta tarde y votado en la sesión extraordinaria de este miércoles, se le efectuaron 24 modificaciones, aunque se señala que "se comparte la esencia, estructura y contenido de dicha ley".
Se resalta que lo trascendente de la iniciativa es la creación del juez de ejecución de sanciones penales, pues se conocen las facultades discrecionales de las autoridades en la materia, que a lo largo de la historia han derivado en una de las fuentes más grandes de corrupción.
"La creación de dicho figura obedece a la necesidad de impartir plena justicia en la aplicación de la sanción penal. Sus funciones serían autorizar de manera oficiosa las determinaciones de la autoridad ejecutora que conceden los beneficios preliberacionales a los que tenga derecho el sancionado; vigilar la adecuada ejecución de las sanciones y resolver en caso de controversia entre la autoridad penitenciaria y el sancionado."
Entre los argumentos de la comisiones se destaca la convicción de que no debe subsistir el otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades penitenciarias en materia de ejecución de sanciones, ya que la imposición o su aplicación debe ser reservada a las autoridades judiciales, sin perjuicio de la intervención del Ejecutivo