Editorial

Un gobierno que desmantela instituciones

La manifestación realizada ayer en esta capital por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañados por electricistas, telefonistas, universitarios y campesinos, tuvo como propósito denunciar el proceso de desmantelamiento de esa institución, la mayor de seguridad social de América Latina, a manos del gobierno foxista. A la ofensiva contra el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), emprendida hace tres años, que culminó con la aprobación de una anticonstitucional reforma a la Ley del Seguro Social en agosto de 2004, ha seguido la congelación de plazas ­más de 17 mil­ y el desabasto programado de medicinas y equipo.

El Ejecutivo federal ha confirmado así los temores expresados hace un año en este mismo espacio de que se buscaba, con la agresión al sindicato, orillarlo a una confrontación con las autoridades y responsabilizarlo de la crisis del IMSS, que el grupo gobernante buscaría saldar con la privatización de la dependencia y, en general, del sistema de salud pública.

Sólo de esta forma puede explicarse que la administración del IMSS se haya negado, como denunció Roberto Vega Galina, secretario general del SNTSS, a ejercer el presupuesto que le fue asignado por la Cámara de Diputados y que, en consecuencia, la institución de salud carezca de personal y material suficientes para atender con eficacia a los derechohabientes.

Un rápido recuento permite concluir que el IMSS dista mucho de ser la única institución nacional que ha resultado severamente dañada por el foxismo.

A contrapelo de la Constitución, y merced a la magia de los "contratos de servicios múltiples", Petróleos Mexicanos ha dejado de ser una empresa productiva para convertirse en una entidad meramente burocrática encargada de repartir concesiones de explotación petrolera a particulares. Transformación semejante ha sufrido la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, el sistema de educación pública ha sido desvirtuado y depauperado hasta extremos vergonzosos, lo que se pretende encubrir con cifras alegres e inventos demagógicos como los "pizarrones electrónicos". Es inocultable, además, el desdén oficial hacia las universidades públicas ­autónomas, por fortuna­ y sus necesidades presupuestales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, entidad nacional que solía ser respetada y admirada en todo el mundo por sus principios rectores y por la capacidad de sus diplomáticos, es hoy liquidadora sistemática de la soberanía y de la no intervención, una ruina de lo que fue y motivo de sonrojo para todo el país. Las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Agricultura (Sagarpa) parecen más oficinas de apoyo a intereses privados y trasnacionales que entidades responsables de la preservación de los recursos naturales y del desarrollo agropecuario. La Secretaría de Gobernación es instrumento de discrecionalidad, acciones inconfesables y desgobierno, representación oficiosa del sospechosismo (según el término y la actitud acuñados por su anterior titular), y el de-sempeño de la Procuraduría General de la República en este sexenio es una colección de fiascos, usos facciosos e injustificable arbitrariedad policiaca. En días recientes la ofensiva se ha dirigido contra la Secretaría de Salud, con el pretexto de la inclusión en el cuadro básico de medicamentos del compuesto anticonceptivo de emergencia Levonorgestrel, comúnmente conocido como píldora del día siguiente.

Si se observa en conjunto el saldo de los pasados tres sexenios, parece inevitable suponer que ha habido empeño gubernamental por demostrar que las instituciones del Estado no sirven y que es preciso, en consecuencia, transferirlas a manos privadas.

En el caso del IMSS, con todo y sus deficiencias ­independientemente de que tengan origen en un designio de destrucción institucional o la mera torpeza administrativa y la corrupción­, sigue representando, para millones de mexicanos, el único acceso posible a servicios de salud, y su desmantelamiento sería, en consecuencia, una tragedia social incalculable. Por ello, la sociedad debe exigir a las autoridades que atiendan con honestidad las necesidades operativas del IMSS. Podría empezarse, por ejemplo, por prescindir de buena parte de empleados administrativos de confianza acomodados allí por la presente administración, con el propósito de liberar recursos para contratar médicos y paramédicos, así como comprar medicinas, incluidas, por supuesto, dosis suficientes de Levonorgestrel.