Autoridades indiferentes

Persiste uso de celulares en las cárceles: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que las autoridades de los reclusorios han hecho caso omiso de su exigencia de que se prohíba el uso de teléfonos celulares en los penales. Por el contrario, esto continúa como parte de los privilegios con que cuentan los reclusos a partir de la corrupción y tolerancia de custodios y funcionarios, afirmó.

En las visitas a los centros de reclusión efectuadas por la CNDH entre enero y julio de 2005, los visitadores también han podido constatar que prolifera el uso de drogas ilícitas como mariguana, cocaína, heroína y pastillas sicotrópicas.

El organismo defensor de los derechos humanos resaltó que lo anterior, aunado a la falta de preparación del personal penitenciario, siguen siendo los factores que laceran el sistema de prisiones y perjudican el esquema de la seguridad pública en su conjunto.

Un comunicado del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, reitera lo que en informes previos ha señalado respecto a las condiciones en que se encuentran las cárceles del país, las cuales están en completo abandono. Los resultados de las visitas de la CNDH se han informado a las autoridades responsables del sistema penitenciario en cada entidad federativa y a cada una se le ha hecho un llamado urgente para que ponga remedio a los problemas detectados.

En el periodo que se reporta, la CNDH ha inspeccionado 132 centros de readaptación social en Veracruz, Campeche, Yucatán, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero.

En la mayoría de esos centros se encontró con sobrepoblación, inadecuada o inexistente atención médica para los reclusos, carencia de talleres y actividades laborales para los internos, quienes prácticamente viven en el ocio.

El informe también da cuenta de la falta de espacios específicos para la población femenil. En algunos centros se detectó que las mujeres están recluidas en las mismas áreas que los varones, lo cual representa una violación a las garantías individuales.