La autocracia imperial
En lo que es un neurálgico encadenamiento de acontecimientos que tiene como pivote las iniciativas políticas, judicial-policiales y de "seguridad nacional" impulsadas por Bush al amparo de la indignación nacional y mundial, ante los ataques del 11-9, las agencias noticiosas informan del resurgimiento en EU de un clima dictatorial, de acosamiento político, que recuerda al macartismo que afligió a esa nación después de la Segunda Guerra Mundial.
Se indica que Greenpeace y la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), grupos pro derechos civiles, acusan a funcionarios de la FBI de usar los poderes de la Ley Patriótica "para borrar la frontera que separa las actividades legítimas de desobediencia civil de las actividades terroristas, en un intento por reprimir la oposición política" (La Jornada, 19/7/05). Esto es parte de una sistemática erosión de la Constitución y de la instauración de un Estado de excepción policial-militar por medio de esa "ley", muchas de cuyas cláusulas vencen este año, pero Bush, aprovechando el 7-7 inglés, se esfuerza por darles carácter "permanente".
Como el núcleo de los integrantes del Project for a New American Century (PNAC) ocupan cargos clave en el gobierno de Bush (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Bolton, etcétera) es importante recordar el "guión" principal para el ascenso de la nueva derecha, sintetizado en Rebuilding America´s Defenses, trazado por el PNAC en septiembre de 2000.
El PNAC planteó, y ya en el poder esperó que ocurriera "un evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor-", que movilizara a la opinión pública y permitiera aplicar sus teorías y planes de acción (Rebuilding..., citado por Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire, Metropolitan, 2004, p. 229). Para el PNAC el 11-9 fue un suceso propicio para poner en marcha una suerte de putch. Pocos días después del 11-9, Condy Rice interpretó la tragedia, con sus más de 3 mil muertos, como una "oportunidad". Rice, entonces a cargo del Consejo de Seguridad, convocó a sus miembros y les pidió, (textual), "...pensar en cómo capitalizar estas oportunidades para cambiar de manera fundamental la doctrina estadunidense y darle forma al mundo, a raíz del 11 de septiembre", añadiendo: "realmente pienso que este periodo es análogo al de 1945-1947", el periodo de acoso de la guerra fría, ahora denunciado por Greenpeace y la ACLU.
En estos momentos la ACLU suena la alarma por el sometimiento de una legislatura bipartidista, dominada por los republicanos, a las exigencias presidenciales por la renovación y extensión indefinida de la Ley Patriótica. Al cúmulo de acciones despóticas (tortura sistemática, cárceles y tribunales militares secretos, etc.) se agregan dos medidas opresivas: primero, las silenciosas maniobras en la legislatura para, en palabras del New York Times (NYT, 16/7/05), "destruir uno de los pilares del derecho constitucional: el poder de habeas corpus de las cortes federales... horroriza que los legisladores contemplen la destrucción de un derecho humano básico que se estableció después de mucho sufrimiento, a lo largo de tres siglos de jurisprudencia".
Cuatro días antes, ese mismo rotativo del establishment mediático nos informa que la autocracia presidencial acelera, de manera alarmante, la extensión del oscuro y denso manto de la "seguridad nacional" a una vasta masa de documentos oficiales, que a la menor excusa son retirados del escrutinio público. Es una peligrosa regresión que se detectó después del 11-9, sobre todo, aunque no exclusivamente, en expedientes y minutas sobre el papel estatal en la "no prevención" de esos ataques. El NYT indica que el gobierno está clasificando documentos para evitar su inspección pública "a un ritmo de 125 por minuto" con una tendencia "que casi duplica el número de documentos anualmente ocultos al ojo público: más de 15 millones el año pasado y cerca del doble de lo que se clasificó en 2001". Con el pretexto de la campaña antiterrorista, el gobierno usa categorías amorfas para la clasificación de documentos a fin de que no sean conocidos por la población, bajo rúbricas como "información de seguridad sensible".
En medio de este temible proceso, es significativo que quien encabeza las quejas por el "secretismo" sea Thomas Kean, copresidente de la comisión independiente que investigó los ataques del 11-9. Kean advierte que este ocultamiento es contraproducente para la seguridad: "el mejor aliado que tenemos para protegernos contra el terrorismo es un público informado", y señala que el monumental fallo de inteligencia del 11-9 no se debió a fugas de información, sino a las barreras de información entre el público y las agencias responsables de la seguridad.
La Casa Blanca hace grandes esfuerzos por extender al resto del mundo ese estado de excepción de corte policial-militar junto al clima sicosocial persecutorio denunciado por Greenpeace y la ACLU. No es asunto que nos sea ajeno. Fox y Abascal, por medio de la "Alianza", ya nos metieron en el ajo, calladamente, sin consultarnos.