Perciben "intención perversa" de trivializar matanzas como la del jueves de Corpus
El Comité 68 censura salida política que evite enjuiciar a Luis Echeverría
Es inadmisible una salida política o la reclasificación de los delitos con el propósito de que no se enjuicie por genocidio al ex presidente Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) y al ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia por los hechos del 10 de junio de 1971, expresaron integrantes del Comité 68.
En conferencia de prensa ratificaron su exigencia de que ambos sean arraigados para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia, y señalaron que la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio está sujeta a presiones, incluso desde posiciones gubernamentales, para que no otorgue las órdenes de captura en contra de los ex funcionarios federales señalados como responsables de la matanza del jueves de Corpus.
Ayer, luego de las supuestas versiones que aseguraron que el quinto tribunal unitario había determinado no conceder las órdenes de captura contra Echeverría Alvarez y Moya Palencia -aunque posteriormente fueron desmentidas por el Poder Judicial Federal-, se hicieron declaraciones en torno a esos hechos y las investigaciones de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, aseguró que la publicación de informaciones que no cuentan con veracidad respecto de las decisiones judiciales "forman parte de una campaña de presiones encaminada a desviar y desvirtuar el sentido de las acusaciones contra los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 y otros crímenes que reclamamos, como son el 2 de octubre de 1968 y la llamada guerra sucia".
Asimismo, Raúl Alvarez Garín enfatizó que persuadir a la opinión pública de que se deben reclasificar las acusaciones contra el ex presidente y el ex secretario de Gobernación de ninguna manera podría resolver los asuntos, pues además de que se faltaría a la verdad histórica, "ya que se cometió genocidio y no homicidio en riña", los llamados "triunfos morales son una intención perversa de desvirtuar y trivializar las matanzas".
Expusieron que, en caso de que la magistrada Herlinda Velasco decida negar las órdenes de aprehensión, estará obligada a "explicar sustancialmente y con la debida minuciosidad los motivos de su determinación".
Por otra parte, tanto integrantes del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) como el activista Arturo Martínez Nateras exigieron a Ignacio Carrillo Prieto, titular de ese órgano de la Procuraduría General de la República, que ya consigne el expediente del 2 de octubre de 1968.
En conferencia de prensa, Joel Ortega y Vicente Estrada, integrantes del comité de apoyo a la Femospp, señalaron que si la magistrada Velasco niega los mandamientos judiciales "evidenciaría públicamente" que es "parte de una red de complicidades".
En tanto, Eduardo Maldonado, vocero de la fiscalía, leyó en esa misma conferencia un texto de Carrillo Prieto en el cual se asegura que "el pliego de consignación está listo", pero dijo no poder señalar cuándo se presentará el expediente ante un juez.
Asimismo, no pudo contestar qué quiso decir Carrillo Prieto en su mensaje cuando refiere que "sólo él (el fiscal) puede decidir sobre la consignación", y si ha recibido presiones o amenazas para no turnar el caso a un juez.