Cede Navarrete Prida; continuará las pesquisas
PGR no atraerá el caso del asesinato de Enrique Salinas
La Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a cooperar en las investigaciones del homicidio de Enrique Salinas de Gortari y como parte de un acuerdo de colaboración entre autoridades federales y del estado de México, los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) presuntamente involucrados en los hechos quedaron separados de sus cargos y adscritos a la Oficialía Mayor de la PGR para que no obstaculicen las indagatorias.
Tras un encuentro de varias horas entre los titulares de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Alfonso Navarrete Prida, respectivamente, aparentemente las diferencias entre autoridades quedaron superadas, y los desacuerdos de a quién correspondía concluir las indagatorias, a partir de una supuesta extorsión como móvil del homicidio, seguirán en manos de las autoridades mexiquenses "hasta en tanto no haya elementos suficientes que justifiquen la competencia federal".
La reunión a puerta cerrada se realizó en la sede de la PGR en la ciudad de México y a ella ni siquiera tuvieron acceso los fotógrafos de ambas instituciones. Los datos en torno a los acuerdos se dieron a conocer en un comunicado conjunto, que en su último punto destaca el hecho de que "con relación a estas investigaciones ambas procuradurías se abstendrán de emitir comunicados a la opinión pública, en tanto las autoridades judiciales no resuelvan en definitiva".
El encuentro ocurrió a cinco días de que la PGR asegurara que no existen elementos de prueba suficientes para acusar a agentes federales en el homicidio y a uno de que la institución que encabeza Daniel Francisco Cabeza de Vaca se rehusara a atraer las indagatorias al fuero federal, luego de que se detuviera e iniciara proceso penal en contra de José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, en tanto, al menos otros cinco agentes federales estarían en calidad de indiciados dentro de la averiguación previa AM/HUIX/1156/2004, abierta a partir del homicidio de Enrique Salinas de Gortari, en diciembre de 2004.
Respecto de las investigaciones de este asesinato, los procuradores de justicia ratificaron "su compromiso para evitar la impunidad y lograr el esclarecimiento de hechos delictivos y el castigo para quienes han infringido la ley", esto luego de que el pasado 16 de julio, el director de la AFI, Genaro García Luna, declaró en San Luis Potosí, durante una gira de trabajo, que "en ninguna parte del expediente que está en la PGR se señala su responsabilidad".
El segundo punto de acuerdo fue que existe "voluntad de trabajar coordinadamente en los servicios de procuración de justicia", luego de diversos señalamientos de falta de fluidez en el desahogo de solicitudes de información por parte de la PGR hacia las autoridades mexiquenses.
Así, con el propósito de terminar con situaciones que obstaculicen las diligencias de ambas instancias, los procuradores se comprometieron a "atender puntualmente todas las solicitudes, requerimientos y peticiones de información, documentos, pruebas y actuaciones que juzguen convenientes".
El cuarto acuerdo consistió en que "con el ánimo de facilitar el trabajo del Ministerio Público del estado de México, los miembros de la PGR que se encuentren sujetos a una averiguación previa quedarán adscritos a la Oficialía Mayor de la propia PGR", aunque esta determinación, indicaron las autoridades federales, "no prejuzga sobre su responsabilidad, sino que se trata sólo de una medida para prevenir cualquier posible obstáculo a las investigaciones".
Otro punto de acuerdo tiene que ver de manera directa con la decisión del juez quinto penal de primera instancia, con sede en Tlalnepantla, quien se declaró incompetente para juzgar a los elementos de la AFI José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, por considerar que las acusaciones en su contra son un asunto del fuero federal y turnó el expediente a un impartidor de justicia federal para que decida a quién corresponderá procesar a los empleados de la PGR.
Finalmente, en el comunicado conjunto se indicó que "respecto a los delitos de tentativa de extorsión, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales decidir si éstos deben pasar al orden federal".