Xóchitl Gálvez reconoce que "no se ha podido concluir un proceso de negociación"
El EZLN, aún factor de riesgo para la seguridad nacional
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En imagen de archivo, ni�zapatistas de la comunidad chiapaneca de La Realidad FOTO Jos�arlo Gonz�z
Foto: Jos�arlo Gonz�z
Tras reconocer que el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es un "punto donde no se ha podido concluir un proceso de negociación y de diálogo", y sin rechazar que constituya un riesgo para la seguridad nacional, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, expresó que los acuerdos de San Andrés deberán ser retomados por la actual y la siguiente legislaturas federales, ya que muchos de los derechos indígenas siguen pendientes de concretarse.
Durante la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para ocuparse de más de 28 distritos en los que habitan casi 7 millones de indígenas, se le preguntó a la funcionaria si el EZLN sigue siendo considerado como un punto de peligro para la seguridad nacional para el país?
-Creo que el EZLN sigue siendo un punto latente, en el que no se ha podido concluir un proceso de negociación, de diálogo y no ha depuesto las armas. Sigue siendo muy importante para el gobierno ese tema. Afortunadamente el EZLN ha manifestado que no busca la vía de la violencia, sino la vía política. Creo que las propuestas y demandas de los acuerdos de San Andrés seguirán siendo vigentes en el país. Definitivamente allí hay temas pendientes que retomar en ésta y la siguiente legislatura, porque hay un debate pendiente sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Gálvez afirmó que los puntos de atención más urgente, en cuanto a la prevención de delitos electorales son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, que son también las entidades donde existe el mayor número de cacicazgos que obliga incluso a las autoridades municipales a sufragar por algún partido político.
Durante la firma del convenio, el titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Francisco Cabeza Vaca Hernández, señaló que en México más de 12 millones de personas son indígenas y habitan una tercera parte de los municipios del país, por lo que instó a que se impulsen "acciones para evitar que en el terreno electoral se pretenda condicionar su voto o se atente contra sus derechos políticos".
Refirió que se debe "impedir que el calendario electoral federal se convierta en oportunidad para lucrar con las necesidades de los pueblos indígenas", ya que "el voto no puede ser moneda de transacción. El voto no se condiciona, no se intercambia ni se compra. El voto debe ser, por sobre todas las cosas, libre".
En su oportunidad, la titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow, mencionó que "el objetivo primordial de este acuerdo es poder atender a los 28 distritos electorales que tienen más de 40 por ciento de la población indígena y así garantizar que sean éstas, las comunidades, las que decidan por sí mismas quién las gobernará".
Por ello, la Fepade y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas desarrollarán materiales informativos y de capacitación acordes con las necesidades de cada comunidad.