Casinos y lavado de dinero
Tiene una larga historia esto de los juegos de apuestas, y también los problemas que implican. En casos como el de Estados Unidos no se trata sólo de que sea un gran negocio que puede ser ilícito en unos estados pero que en otros y en ciertas ciudades no lo es. Se trata, ante todo, de que esta actividad propicia el lavado de dinero, complemento que generalmente es necesario para diferentes variantes de la delincuencia. En varias partes de México existen centros de juego con apuestas desde hace tiempo.
En general, llámense casinos o de otra forma, se trata de operaciones, tal vez legales si se les considera aisladamente, que puedan generar dinero bien documentado pero sin controles externos reales. A este dinero se agrega el que se desea "lavar", reflejando los documentos el nuevo total. Pues bien, ¿quién controla cuántas veces se vendió a los jugadores cada ficha de la ruleta, por ejemplo? ¿Quién controla el que no pueda un jugador, de común acuerdo con la casa, "ganar" una fortuna que a su vez sea la forma de legalizar una cantidad igual de procedencia ilícita?
En las apuestas sucede lo contrario que con la evasión de impuestos. En este último caso lo que se busca es que no haya ingresos ocultos o no reportados. Que el causante no reporte menos utilidades, por ejemplo, de las que tuvo en realidad. Con el lavado de dinero se trata de reportar utilidades mayores que las reales para meter ahí dinero "sucio".
Con el nivel que, como es público, ha alcanzado la delincuencia en el país, ponerse a repartir permisos para centros de apuestas no atenta sólo contra nuestros derechos políticos y electorales, sino contra la economía nacional; convierte el juego de apuestas en un hábito que se puede reforzar con otros existentes, y fortalece a la delincuencia.
La legislación vigente es muy débil en cuanto al castigo a los llamados delitos de cuello blanco. Fraudes u otros ilícitos que involucran cantidades enormes de dinero tienen penas relativamente leves. Son famosos los casos de ex políticos o ex banqueros que, cuando fueron extraditados a México desde los países donde estaban, de inmediato, al llegar aquí, salieron libres bajo fianza. Un ejemplo, en estos y muchos otros casos, ha sido colocar el llamado secreto bancario por encima de la seguridad y de la economía nacionales, y de las facultades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación.
Esto ha motivado, inclusive, observaciones de organismos internacionales de los que México es miembro. Se ha planteado que ese uso del secreto bancario ha obstaculizado la lucha contra el lavado de dinero, o sea, medios para documentar, con apariencia legal, dinero de procedencia ilícita. Concretamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es miembro, por conducto de su instancia dedicada a estos propósitos, señala el gran número de recomendaciones no atendidas por el gobierno mexicano sobre lavado de dinero, la corrupción entre las autoridades, el número mínimo de personas sometidas a juicio frente a más de 20 mil millones de dólares lavados, el secreto bancario usado como obstáculo para las investigaciones, y dificultad para confiscar bienes de los delincuentes porque se exigen demasiadas pruebas.
En el Modelo de Convención Fiscal, este organismo de la OCDE prohíbe el uso del secreto bancario para obstaculizar investigaciones. Entre las recomendaciones a México figuran: agilizar el acceso de autoridades a la información de cuentas bancarias; agilizar la confiscación de bienes; eliminar el requisito de que Hacienda deba presentar querella para que se persigan penalmente casos de lavado de dinero que involucren a instituciones financieras; mantener vigiladas a las instituciones mexicanas que tengan operaciones en el extranjero, y designar a la autoridad que supervise a las empresas de envíos de dinero y casas de cambio.
La legislación débil en materia de delitos de cuello blanco facilita aún más el lavado de dinero. Aquí vemos cómo se entrelazan problemas tan diversos entre sí. Al mismo tiempo, de este panorama se desprende que sin una solución en el plano de la política económica y de la legislación económica y financiera, no sólo no se podrá abordar el asunto con eficiencia, sino que la situación se agravará aún más.
La legislación debe cumplir, por lo menos, con los siguientes requerimientos para combatir eficazmente el tráfico con dinero de procedencia ilícita y sus ramificaciones:
Penalizar severamente los delitos de cuello blanco, especialmente cuando se involucren cantidades importantes de dinero.
Evitar que el secreto bancario se use como pretexto para proteger a posibles delincuentes, para eludir las funciones fiscalizadoras o penalizadoras de las autoridades respectivas o para ocultar las implicaciones que pudiera tener la política económica.
Controlar los movimientos internacionales de divisas, de modo que éstos sean transparentes y que se lleven a cabo dentro de la ley.
No deben subsistir, ni menos aún crearse nuevos, establecimientos cuyo manejo financiero sea incontrolable, como es el caso de los casinos, especialmente en los términos en los que están operando.