Tendrá que entregar información del saneamiento y venta de Serfin y Bancrecer
Tras el fallo contra el IPAB se reabren las pesquisas sobre el rescate bancario
Se conocerán datos de créditos irregulares, que superaron $100 mil millones: Di Constanzo
La decisión del Poder Judicial en contra de los amparos promovidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) reabre la investigación del rescate a las instituciones de crédito. Tendrá que entregar la información sobre la venta de Serfin y Bancrecer, que se remataron en 20 mil y mil 650 millones de pesos, y su saneamiento costó 120 mil y 102 mil millones de pesos, respectivamente.
Además tendrá que informar sobre los créditos irregulares, que superan 100 mil millones de pesos, afirmó Mario di Constanzo, primer solicitante de datos sobre las operaciones entre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el IPAB al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal (IFAI), y ex secretario técnico de la comisión del Congreso para investigar al IPAB.
Como se sabe, tres tribunales colegiados en materia administrativa resolvieron que es improcedente otorgar amparos a las entidades públicas que rehúsan dar información solicitada con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En este caso el IPAB buscaba, mediante recursos jurídicos, evitar proporcionar datos, que mantiene bajo resguardo, sobre los bancos.
Dijo que otras situaciones que se podrán conocer son los procesos y la postura que ha adoptado la Junta de Gobierno respecto de la polémica que se ha generado en torno de la revisión de los programas de capitalización y compra de cartera.
Informes del IPAB señalan que el instituto cumplirá los mandatos judiciales, pero desconoce la información que se le requerirá a partir de la resolución. Por ello, agregó, en la demanda de datos se incluirán las irregularidades sobre la compra de créditos a Banamex y Bancomer, con todo e intereses moratorios.
Banks reports, otro tema que será aclarado
Consideró que uno de los grandes "misterios" en la Junta de Gobierno del IPAB podría quedar aclarado, en virtud de que a través de las actas de esa institución se podrá saber si efectivamente se discutió el polémico asunto de los banks reports del informe del auditor canadiense Michael Mackey, que fueron entregados al IPAB para reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Di Costanzo afirmó que de esta forma se podrá conocer si en verdad la Junta de Gobierno del IPAB no encontró irregularidades, como ha asegurado el secretario ejecutivo Mario Beauregard. Con la información oficial, añadió, se sabrá si alguien mintió.
Así, las comisiones legislativas que investigan el tema tendrán elementos suficientes para entablar demandas ante la Auditoría Superior de la Federación contra quienes resulten responsables, entre los cuales se encuentran funcionarios públicos que avalaron las operaciones.
De acuerdo con Di Costanzo, actual consultor financiero del Partido de la Revolución Democrática, otro tema que se pondrá sobre la mesa es la venta de activos que recibió el instituto, de los cuales ha recuperado en promedio sólo 13 centavos de cada peso, es decir, sólo 13 por ciento del valor total.
Indicó que de manera adicional el IPAB deberá dar a conocer el acta de entrega del Fobaproa al IPAB con todo y sus anexos, los cuales contienen las actas del comité técnico del Fobaproa, las que permitirán conocer el proceso de toma de decisiones tanto para la aplicación de los programas de capitalización y compra de cartera como los procesos de intervención y saneamiento de las diversas instituciones, que tuvieron y aún tienen impacto en las finanzas públicas.
Dijo que con las actas del comité técnico del Fobaproa se podrá conocer quién o quiénes permitieron que Banamex y Bancomer fueran beneficiados con los programas de compra de cartera, así como las operaciones irregulares del Fobaproa en favor de los bancos.
Por último, señaló que otra información importante que se conocerá es la relativa a los fideicomisos de apoyo a las campañas del Partido Revolucionario Institucional, que fueron operados por Banco Unión y Carlos Cabal Peniche.