Con tapabocas y antifaces irrumpe grupo de mujeres en protesta porque no fueron invitadas

Chocan sexoservidoras y vecinos en foro organizado por la ALDF

Rechazan pagar derecho de piso y que su actividad sea considerada trabajo no asalariado

LAURA GOMEZ FLORES

Sexoservidoras independientes y vecinos de la delegación Cuauhtémoc se enfrentaron verbalmente ayer en el Museo de la Ciudad de México durante la realización del foro Una visión integral sobre el sexoservicio en el Distrito Federal, convocado por la Asamblea Legislativa, como parte de los trabajos para regular esta actividad.

Momentos antes de que se iniciaran las mesas de discusión, un grupo de mujeres con tapabocas, antifaces, chales y mantillas cubriéndoles el rostro, acompañadas de una imagen grande de la Adelita, irrumpió en el lugar, al cual no fueron invitadas -a diferencia de algunas organizaciones de trabajadoras de la calle de Sullivan- y solicitaron el uso de la palabra para manifestar su rechazo a la iniciativa de ley del trabajo sexual para el Distrito Federal, con la cual se pretende regular su actividad como trabajo no asalariado y que paguen una cuota diaria de cinco pesos. Al mismo tiempo otro grupo, pero de vecinos, exigía no regularizar la prostitución y retirar a quienes la ejercen cerca de sus domicilios.

Los gritos de ambos lados subieron de tono mientras los diputados Lorena Villavicencio y Carlos Reyes Gámiz pedían a David Mondragón -quien portaba una cartulina en la que se leía: "Ciudadano, si el sueldo no te alcanza, prostitúyete, el GDF te respalda"- que se callara, sin éxito. "Déjala hablar y después vas tú, de lo contrario no nos vamos a entender", gritó Reyes Gámiz; el inconforme accedió.

Mientras las miradas de los asistentes y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, se fijaban en la escena protagonizada en el patio central del Museo de la Ciudad de México, vecinos de las colonias Tabacalera, Doctores, Cuauhtémoc, Buenavista, San Rafael y Santa María la Ribera desplegaban mantas y cartulinas en las que exigían a las autoridades no fomentar la prostitución.

Las trabajadoras sexuales independientes, provenientes de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero aclararon al diputado Julio César Moreno, quien impulsa la iniciativa, que están en contra de que "el Estado se convierta en su padrote", al obligarlas a pagar por derecho de piso y permanecer en las "zonas rojas" por él determinadas y las autoridades delegacionales.

Quienes dijeron llamarse Dora, Elena y Juana señalaron que no encontraban ningún rasgo positivo en la propuesta que no sea el que de "pronto" se dieron cuenta de que existen, sin considerar sus necesidades, principalmente las de la tercera edad, que se prostituyen por 35 pesos para no pasar la noche a la intemperie o buscan incesantemente un servicio para alimentar y mandar a sus hijos a la escuela.

"No es una actividad fácil para las no guapas, las no jóvenes, que no logran ningún servicio por día, pese a caminar kilómetros y kilómetros con miedo a ser reconocidas o identificadas como trabajadoras sexuales por su familia o un conocido. Por eso estamos en contra de esta iniciativa, pues no refleja la realidad ni hace responsable de la violencia y discriminación permitida, ejercida, tolerada y aplicada a quienes ejercemos el sexoservicio", argumentaron.

Los diputados locales "no pueden pretender, desde un escritorio y con salarios mensuales de 66 mil pesos, regular la venta de los cuerpos de miles de mujeres en los rincones más miserables de la ciudad, por carecer de una oportunidad de estudiar o trabajar en un lugar digno, pero, al parecer, ya negociaron con algunas madrotas la aprobación de esta ley porque no salen afectadas", afirmaron, aunque se negaron a dar nombres.

Para el ombudsman capitalino resulta riesgosa la propuesta de que dicha actividad sea considerada trabajo no asalariado sin un diagnóstico sobre el tema que aborde puntos como la reivindicación de la persona, el proceso de victimización, la forma de enfrentar la delincuencia organizada y sin un nivel de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y las delegaciones.

Al término de su intervención, Alvarez Icaza dijo que la iniciativa debe ser revisada a fin de que evite conflictos sociales, pues existe un debate internacional sobre si la labor del gobierno debe limitarse a cobrar un impuesto a quienes realizan esa actividad o a garantizar los derechos humanos de los sexoservidores. En caso de aprobarse, dijo, deberá abrirse un periodo de gracia para que los encargados de observarla y aplicarla la conozcan a fondo.