La exoneración, acto de impunidad, sostienen ex dirigentes estudiantiles

La decisión de una magistrada federal de exonerar al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia de la matanza del 10 de junio de 1971, fue considerada por ex dirigentes estudiantiles como un "acto de impunidad" que permitió "a los grandes intereses triunfar sobre la justicia".

Los ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 advirtieron que el siguiente paso es "recurrir al camino de los tribunales internacionales".

El diputado perredista Salvador Martínez della Rocca, entrevistado en el Senado, afirmó que el fallo no fue jurídico, sino "político y de encubrimiento". Destacó que la argumentación de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp) "es impecable" en términos de que sí se conformó el delito de genocidio, y es penoso que el autollamado "gobierno del cambio" mantenga impunes los crímenes de Estado y la guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. "¡Qué lamentable!" De todas formas insistirán, dijo, porque no puede olvidarse el asesinato de jóvenes que pretendían lograr un país mejor.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, refirió que con la determinación del quinto tribunal unitario "se ratifica esta tendencia perversa, cobarde y encubridora del Poder Judicial federal (PJF). La magistrada Herlinda Velasco está suscribiendo la carta de impunidad que ya había comenzado a redactar y a extender la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no se había atrevido a hacerlo de manera tajante", consideró.

En entrevista, el ex dirigente estudiantil refirió que con la decisión del PJF "México se sustrae de ese aire fresco que recorre el planeta en pos de la justicia, como ya ocurrió en Argentina, Chile o España. Además, con resolutivos de este tipo los jueces mexicanos convirtieron el país en un refugio de genocidas; la justicia se sometió a la lógica y los intereses de Estados Unidos, porque el gobierno de ese país, después de que la SCJN emitió su fallo sobre el jueves de Corpus, ha comenzado a presionar a las autoridades mexicanas para que se dé trato especial a todos los ciudadanos estadunidenses que en otras partes del mundo estén perseguidos por haber cometido delitos de lesa humanidad".

Jesús Martín del Campo, uno de los denunciantes del 10 de junio de 1971, refirió que "la magistrada está anclada al pasado y forma parte de un grupo mayoritario de jueces que no se atreven a enjuiciar a un ex presidente de la República". Informó que este fin de semana decidirá a qué organismo internacional acudirá para que se castigue a los responsables de la matanza.

En entrevista, dijo que la negativa de girar órdenes de aprehensión contra Echeverría y Moya Palencia constituye un retroceso en la tendencia que se estaba generando para que se terminara con el círculo de impunidad que durante más de 30 años ha impedido el enjuiciamiento de quienes ordenaron matanzas estudiantiles y obreras.

Raúl Alvarez Garín, también del Comité 68, señaló que los argumentos del tribunal no sólo demuestran la ignorancia de la juzgadora, sino inmoralidad e impudicia al negar las órdenes de captura con argumentos falaces. "De lo que se conoce de la resolución resaltan las consideraciones de la magistrada de que las personas que participaron en la marcha del 10 de junio de 1971, de las cuales muchas fueron abatidas, no era un grupo nacional homogéneo, porque unos coreaban unas cosas y otros otras", puntualizó.

Gilberto Guevara Niebla, miembro del mismo comité, aseguró que la negativa de girar órdenes de captura señala que los tribunales "no han sido capaces de tomar distancia del poder público para enjuiciar a quienes tomaron las decisiones de masacrar a estudiantes, obreros y campesinos en hechos como las matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como durante la guerra sucia".

Consideró que la Femospp "fracasó en su estrategia de supuestamente castigar al ex presidente Echeverría y a Mario Moya Palencia, porque en realidad sólo se trata de una cobertura para que no haya castigo, se exculpa a los verdugos y ha convertido en una burla sus investigaciones".

Alfredo Méndez, Andrea Becerril y Gustavo Castillo