No se configura el genocidio, dice la priísta Godínez
Legisladores de PAN, PRD y PT exigen castigar a responsables
Legisladores y dirigentes de PAN, PRD y PT criticaron el papel del Poder Judicial al exonerar al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a su ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia por la matanza del jueves de Corpus, mientras que en el PRI no faltó quien justificara esta decisión.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la priísta Rebeca Godínez, afirmó que la decisión del tribunal unitario en favor de los militantes de su partido fue una "aplicación estricta del derecho penal, porque no podía configurarse el delito de genocidio".
En tanto, el senador panista Diego Fernández de Cevallos pidió respetar la decisión de la autoridad judicial y sostuvo que "las heridas no se van a cerrar violando la ley", porque "tan impune quedó el crimen de estudiantes, como el crimen de ciudadanos, de empresarios que fueron asesinados por las fuerzas rebeldes, y contra quienes tampoco se impartió justicia". Insistió: "Si no hay un delito que perseguir, que no se violente la ley para satisfacer una demanda social que puede ser muy justificada pero que no se configura como genocidio".
A su vez, PAN y PRD exigieron revisar el caso, porque la responsabilidad de Echeverría y Moya Palencia no puede quedar sin castigo. En un comunicado, la bancada panista afirmó que "espera que la fiscalía a cargo de Ignacio Carrillo Prieto apele la decisión de la magistrada Herlinda Velasco, exija justicia y busque, a toda costa, la aplicación de la ley. El PAN buscará, en un afán de reconciliación y no de cacería de brujas, que se castiguen los delitos del pasado que le costaron la vida a tantos mexicanos".
La diputada perredista Eliana García consideró que la resolución judicial genera condiciones para el imperio de la impunidad y que México se convierta "en refugio de genocidas; si no empezamos a sancionar a quienes delinquieron desde sus cargos en el gobierno, difícilmente se podrá dar una lucha contra la delincuencia".
Su compañera Angélica de la Peña lamentó que persistan grupos de interés que se oponen a la aplicación de la justicia y a dar fin a la impunidad. "Me parece muy grave que el proceso contra Echeverría y Moya quede inconcluso. No le hace bien al país, a la historia ni al Estado que prevalezcan intereses de este tipo por encima de los de la nación", declaró.
Eric Eber Villanueva, vicepresidente del Consejo Nacional del PRD, dijo que con la determinación de la juez prácticamente queda cerrado el capítulo del halconazo, y esto es lamentable porque la del jueves de Corpus fue una represión organizada por el Estado, en el más alto nivel.
Agregó que en el sistema judicial hay mucho conservadurismo. Ni siquiera es necesario dar línea, porque existe una cultura de defensa del status quo y una resistencia a ejercer la justicia.
Por su lado, el diputado federal Alejandro González Yáñez, del PT, dijo que la decisión de la juez favorable a Echeverría y Moya Palencia muestra que en el país no hay vocación de justicia y legalidad. La fiscalía para investigar los movimientos del pasado sólo se creó para "taparle el ojo al macho"; fue "maquillaje", pues no ha tenido ningún resultado, puntualizó.
La priísta Rebeca Godínez -hermana del general Miguel Angel Godínez, jefe del Estado Mayor Presidencial con José López Portillo- afirmó que en el código penal sólo se define que comete genocidio quien pretenda aniquilar a una etnia o a un grupo social, y preguntó: "¿Era una finalidad del Estado acabar con el grupo de estudiantes?"
-Claro que sí, diputada.
-Claro que no, no lo era. ¿Sí me entienden lo que es genocidio? Es como pretender acabar con la población homosexual, contra la judía, la afroamericana. Es decir, con un segmento específico y esto no era.
Godínez y su compañera Martha Palafox afirmaron que desde la matanza de estudiantes en 1968 y en 1971 nadie se ha acordado de los militares muertos "en estos hechos" ni de los derechos humanos de sus viudas e hijos. Palafox dijo que "los familiares de los militares, que tenían esposa e hijos, no han usufructuado con gobiernos, diputaciones ni han tenido canonjías, como lo han usufructuado desde el PRD".
Afirmó que quienes demandan una investigación a fondo también deben "decir que a los que entonces actuaban como delincuentes y secuestradores ahora se les quiere hacer héroes nacionales".
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Sadot Sánchez, afirmó que el caso aún no está cerrado, pues si bien la magistrada Herlinda Velasco consideró que no hay elementos que puedan configurar el delito de genocidio, el fiscal especial puede interponer otros recursos legales.