El Estado, incapaz de impartir justicia: activistas
Acudir a la CIDH, paso siguiente en el caso del 10 de junio de 1971
Defensores de derechos humanos afirmaron que pese a la falta de "voluntad política y claridad jurídica" del gobierno federal para enjuiciar y sancionar a quienes participaron en la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, lo conducente es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las condiciones de impunidad que subsisten en el país.
"El siguiente paso es acudir al sistema interamericano de derechos humanos para exigir al Estado mexicano que atienda su obligación de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y proceder a una reparación integral del daño", aseveró Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
El pasado 26 de julio, la magistrada del quinto tribunal unitario en materia penal, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, negó las órdenes de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, a quienes acusó del delito de genocidio.
Cortez insistió en que luego de agotar las instancias jurídicas nacionales es posible "litigar el caso ante la CIDH y hacer que coincida la verdad jurídica e histórica, pese a un Estado con evidentes resabios de autoritarismo e incapaz de romper con el círculo de la impunidad".
Destacó que la decisión de la magistrada responde a las acciones de un gobierno que no ha sido "claro ni contundente" en su compromiso con las víctimas y la sociedad para alcanzar el esclarecimiento de los hechos, pues el presidente Vicente Fox "se conformó con crear la Femospp como si eso bastara para asumir un compromiso con la justicia".
Por separado, Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la decisión del Comité 68 Pro Libertades Democráticas de acudir a la CIDH "es la única vía ante un Estado que carece de voluntad política para esclarecer los hechos del pasado y sancionar a quienes participaron en ellos".
Si bien reconoció que el actual presidente de la CIDH, Sergio García Ramírez, enfrenta un "conflicto de intereses", afirmó que tanto la Corte Interamericana como la CIDH "son instancias que deben mantener su autonomía y garantizar una completa imparcialidad en el caso".