De cómo proceden los ejidos y comunidades con el Procede
Los empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria promueven a marchas forzadas la participación de los ejidos y comunidades agrarias en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, mejor conocido como Procede. Ya que es un programa estrictamente voluntario, utilizan promesas y amenazas, según el caso, para convencer o presionar a los núcleos agrarios renuentes a incorporarse. El presidente Vicente Fox quiere concluirlo al terminar su sexenio. Lo mismo quería el presidente Carlos Salinas. A pesar de ello han pasado 12 años sin que sus afanes de convertir la propiedad social en propiedad privada se materialicen.
Más de la mitad de la superficie del país es propiedad social. Se encuentra en manos de ejidos y comunidades agrarias como una conquista de la revolución mexicana. Los diseñadores neoliberales de las políticas anticampesinas culparon a la propiedad social de la crisis del campo. La reforma al artículo 27 constitucional buscó transformarla en propiedad privada. La vieja demanda de los terratenientes de seguridad en la tenencia de la tierra, fue levantada como principal necesidad campesina a la que el Procede daría respuesta. Según los diseñadores del programa los ejidatarios y comuneros estaban ansiosos de tener un título individual sobre la propiedad de su tierra.
Al principio de la operación del Procede muchas comunidades y ejidos se opusieron como estrategia de resistencia a una reforma constitucional impuesta que quebraba la esencia del pacto social en el campo. Pero al paso del tiempo algunos lo utilizaron como una manera fácil de arreglar los problemas burocráticos añejos que tenían con sus documentos básicos, otros se sumaron al programa para no errarle, por si acaso las amenazas llegaban a cumplirse, y los menos aprovecharon sus facilidades para rentar o vender sus tierras.
A junio de 2005 el 75 por ciento de la propiedad social ha sido certificada por el Procede; sin embargo, esto no significa que haya sido titulada. No es lo mismo certificar que titular. De esta superficie el 69 por ciento fue certificada como propiedad de uso común sobre la que tienen derecho los ejidatarios y comuneros en colectivo y sólo el 30 por ciento fue certificada como propiedad parcelada, asignada individualmente. Unicamente 0.4 por ciento de la superficie certificada cambió a propiedad privada individual y sólo un 0.05 por ciento de la tierra de uso común participó como aportación para proyectos con sociedades mercantiles.
Estos datos evidencian que los ejidatarios y comuneros están más interesados en resguardar la propiedad colectiva sobre su tierra que en buscar dividirla y titularla en parcelas individuales.
Las comunidades agrarias son las que más se han resistido a participar en el Procede. Sólo 40 por ciento de la superficie comunal ha sido certificada contra 80 por ciento de la propiedad ejidal. Y aunque no todas las comunidades agrarias son indígenas y los indígenas no sólo poseen tierra en forma comunal, 61 por ciento de la 2 mil 278 comunidades agrarias en el país, son comunidades indígenas.
En el régimen comunal las tierras son colectivas. También lo son las parcelas que se cultivan año tras año por la misma familia. Así es que la certificación individual no es relevante. Las comunidades tienen mayor autonomía respecto a decisiones que tienen que ver con el territorio y la cohesión comunitaria y el poder de la asamblea es mayor. La tarea de Procede, o lo que la Reforma Agraria ofrece como Procecom, es certificar los límites de la comunidad. Sin embargo, si la comunidad cuenta con sus títulos o documentos básicos no necesita hacerlo. Según los especialistas en derecho indígena, el Procede limita las decisiones de la asamblea comunal y debilita los acuerdos comunitarios, por ejemplo, por citar sólo uno, el de incluir a nuevos comuneros.
Oaxaca y Chiapas, estados con fuerte presencia indígena, tienen la menor superficie certificada por el Procede. Oaxaca es el estado con mayor proporción de propiedad social -80 por ciento- y a su vez el de mayor presencia de comunidades agrarias. En Oaxaca únicamente se ha certificado 29 por ciento de la superficie y de ésta, 73 por ciento como de uso común. Solamente 23 por ciento de la superficie comunal ha entrado al programa. En Chiapas 59 por ciento de la superficie es propiedad social con 80 por ciento como propiedad ejidal. Se ha certificado 35 por ciento de la superficie.
Los ejidos y comunidades que se niegan a entrar al Procede y los que certificaron sus propiedades como de uso común están afirmando de manera radical o pragmática, la decisión de que su tierra permanezca como propiedad colectiva, independientemente de lo arcaica o imperfecta que este tipo de propiedad les parezca a los políticos neoliberales