Editorial

Terrorismo: se limitan aún más las libertades individuales

Para sus ciudadanos, la respuesta que Estados Unidos y la Unión Europea están dando a los recientes atentados perpetrados en Londres el 7 y 21 de julio ha sido más perjudicial que benéfica en materia de derechos humanos. Este sábado, el Senado estadunidense autorizó una extensión de la polémica Ley Patriota, y en Italia, el Parlamento aprobó un paquete de leyes antiterroristas. Asimismo, el gobierno del premier británico, Tony Blair, analiza establecer varias normas antiterroristas. En los tres casos, con el pretexto de la seguridad, se otorgan mayores facultades a los cuerpos policiacos y de inteligencia para detener sospechosos e investigar sobre su pasado y sus actividades. Pero al mismo tiempo, esas normas limitan gravemente los derechos civiles y atentan peligrosamente contra las garantías individuales.

Con la ratificación de la Ley Patriota ­aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 21 de julio­, ésta adquirió el carácter de permanente. Así, los cuerpos de seguridad estadunidenses cuentan con amplios poderes para interceptar conversaciones telefónicas, controlar el correo electrónico y obtener datos personales ­médicos, bancarios y académicos, entre otros­ de cualquier sospechoso. De igual modo, la norma italiana ­que aún deberá ser aprobada por la Cámara Baja­ extiende de 12 a 24 horas el periodo de detención preventiva sin que el sospechoso cuente con la asesoría de un abogado; permite la expulsión de territorio italiano de cualquier persona considerada una amenaza para la seguridad nacional, y autoriza mayor vigilancia de Internet y las comunicaciones telefónicas. En tanto, Londres estudia la posibilidad de prolongar el arresto de un sospechoso hasta un máximo de tres meses ­en contraste con los actuales 14 días permitidos­, usar como prueba en un juicio las comunicaciones interceptadas y el acceso a publicaciones que inciten a cometer actos de terrorismo. Por lo pronto, el premier Blair ratificó la autorización para que la policía dispare a matar ­es decir, a la cabeza­ a un sospechoso de ser terrorista suicida, pese a que esa disposición ya se cobró la vida de un brasileño inocente.

Con estas leyes, una de las primeras bajas en la guerra contra el terrorismo son las garantías y libertades individuales. En un estado de alerta permanente, esos derechos son percibidos como un lujo que las sociedades no se pueden permitir ante la amenaza latente del terrorismo. Pero lo preocupante de esta situación es que con estas normas, las llamadas democracias occidentales están haciendo más daño a sus ciudadanos y están ayudando a los grupos fundamentalistas a conseguir su principal objetivo: generar un clima de miedo. En este contexto, el terreno es fértil para que organizaciones conservadoras y de derecha puedan justificar la imposición de estados policiacos y autoritarios. Tales grupos apuestan a que el miedo neutralice la capacidad de movilización de las sociedades democráticas. Por otra parte, estas políticas restrictivas inevitablemente conducen a la división de las sociedades en perjuicio de los grupos más vulnerables, sobre todo minorías étnicas y/o religiosas, sembrando la mala yerba de la xenofobia. Esta circunstancia es particularmente peligrosa en países donde existe una gran diversidad cultural y religiosa, como Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia.

Si bien cada gobierno tiene el derecho de proteger la vida de sus ciudadanos, esta defensa no puede ni debe darse en detrimento de las garantías básicas, como la privacidad, la movilidad y el acceso a un proceso legal claro y transparente, elementos fundamentales de una democracia sana. Por ello es vital que las organizaciones de derechos civiles sigan adelante con su resistencia ante estas medidas restrictivas, ya que lo que está en juego es la sobrevivencia de la propia democracia.