Editorial
Pemex: depredacion fiscal
De acuerdo con un informe de Pemex, citado en esta edición, la paraestatal entregó al gobierno federal impuestos equivalentes a más de 60 por ciento de sus ventas totales. Descontados los gastos de operación, lo que queda para mantenimiento, reinversión, prospección y exploración resulta claramente insuficiente. El dato confirma la tendencia, denunciada muchas veces, de acabar con la entidad petrolera por medio del saqueo hacendario y la inanición presupuestal, y corrobora la indebida dependencia gubernamental de los ingresos petroleros, fenómeno que data del sexenio de José López Portillo y que, pese a la retórica de las presidencias siguientes contra el "populismo" y la "irresponsabilidad", no ha sido modificado por las administraciones neoliberales.
El gobierno del presidente Vicente Fox saca buena parte del presupuesto de la factura petrolera y, mientras incurre en gastos suntuarios injustificables, insiste en la supuesta necesidad de abrir la industria de hidrocarburos a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, ante una imaginaria carencia de recursos para financiar al sector energético.
Al mismo tiempo, mediante los contratos de servicios múltiples cuya legalidad resulta dudosa por decir lo menos, si se atiende el precepto del artículo 27 de la Carta Magna se han venido entregando a los particulares las actividades de perforación, extracción y transformación que debieran permanecer en dominio de la nación, generando de esa manera pingües oportunidades de negocio de las que la paraestatal queda marginada, reduciendo aún más sus perspectivas de supervivencia.
Se ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de reformar, no el estatuto público de Pemex, sino su vinculación con el gobierno federal, a fin de garantizar la autonomía de la empresa y su capacidad de reinvertir en márgenes adecuados sus ingresos. El más elemental sentido común indica que la paraestatal tendría que transferir recursos al gobierno federal, no por medio de los impuestos asfixiantes, absurdos y discrecionales vigentes hoy, sino por la vía de las utilidades. Se ha insistido también en la pertinencia de fiscalizar y etiquetar los recursos excedentes que se reciben gracias a altas cotizaciones de hidrocarburos en los mercados internacionales, actualmente empleados con indecorosa discrecionalidad por el Ejecutivo federal.
El pasado 18 de marzo, en vísperas de la conmemoración de la expropiación petrolera, se subrayó en este espacio la iniciativa presentada por la senadora Laura Alicia Garza Galindo para reformar el régimen fiscal de Pemex, iniciativa que, de aprobarse y promulgarse, permitiría a la entidad preservar su condición de propiedad nacional y reinvertir lo necesario su actualización y modernización sin tener que recurrir a capitales privados que seguramente serían, en todo o en buena parte, extranjeros sin disminuir la renta petrolera del Estado. La propuesta implicaría poner a Pemex en un esquema de supervisión regular por parte de la Auditoría Superior de la Federación, así como destinar parte de los ingresos por exportaciones al desarrollo de estados y municipios y al financiamiento de la investigación científica en materia energética.
De cara a la sucesión presidencial del año entrante, es clara la necesidad de que se formulen, en ese contexto, ideas para detener el desmantelamiento y la depredación fiscal de esta emprea estrategia inequívocamente orientada a crear condiciones para que se argumente luego la inevitabilidad de la privatización y asegurar el saneamiento financiero y administrativo de una corporación pública que es propiedad de los mexicanos del presente y los del futuro.