Anula con represión los proyectos civiles de universidades, pese a su fracaso en esta materia, dicen

Expertos: insensible, el gobierno de Chiapas ante necesidades educativas

La Normal Mactumatzá, la escuela Jacinto Canek y la Universidad Indigena de Rayón, ejemplos

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de julio. El gobierno estatal ha anulado por la vía de la represión los proyectos educativos que han surgido desde la sociedad civil, como la Normal Mactumactzá, la escuela Jacinto Canek y recientemente pretendió hacerlo con la Universidad Indígena de Rayón, coincidieron académicos, legisladores y organizaciones civiles. Esta situación "muestra una falta de sensibilidad al reclamo de miles de chiapanecos, quienes consideran que las actuales propuestas formativas no satisfacen sus demandas de educación", sostuvieron.

La Universidad Indígena de Rayón, que este fin de semana aplicó su examen de admisión, surgió como un proyecto de la sociedad civil, con el objetivo de subsanar la incapacidad de las políticas públicas para diseñar planes educativos "que realmente respondan a las expectativas, aspiraciones e intereses de la sociedad", consideró Carlos Rincón Ramírez, coordinador del Centro de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

El también titular del Programa Interinstitucional de Especialidad en Planeación y Evaluación de la Educación de la máxima casa de estudios chiapaneca justificó la creación de la Indígena de Rayón, que nació en enero de este año a instancia de grupos campesinos y los presidentes municipales de Rayón, Pantepec, Jitotol, Pueblo Nuevo y Tapalapa para albergar a 300 alumnos que habitan en la zona norte de Chiapas y no cuentan con recursos para trasladarse a centros de educación superior que se localizan en la capital del estado y otras ciudades.

"Cuando la sociedad civil toma la iniciativa de crear una escuela, es porque las ofertas que el sector público y privado han planteado en la materia, no responden a sus necesidades. Por eso la importancia del proyecto de Rayón, que se crea en una de las zonas más pobres de la entidad", argumentó Rincón Ramírez.

Sin embargo, esta propuesta, que buscó el apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, fue rechazada por las autoridades educativas y el mismo gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, con el argumento de que este mismo año ya habían sido constituidas la Universidad Intercultural en San Cristóbal, y la Politécnica en Tuxtla Gutiérrez, ambas ubicadas a más de 500 kilómetros de la zona donde se ubicaría el nuevo centro.

Según el proyecto de la Universidad de Rayón, que llegó a los poderes del estado y a las secretarías de Educación estatal y federal, los ediles promotores del centro se encargarían de los gastos de infraestructura, así como de los salarios del personal docente y administrativo, hasta que los gobiernos estatal y federal asignaran presupuesto al lugar.

La Universidad Indígena ofrece a unos 300 alumnos provenientes de alrededor de 20 municipios del norte del estado -en su mayoría tzotziles y zoques- las carreras de derecho, administración de empresas, ingeniería civil y sistemas computacionales.

Pero este esfuerzo se vio empañado cuando la administración de Salazar Mendiguchía, mediante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del estado de Chiapas, emitió un desplegado con fecha del 9 de marzo de 2005 en la prensa estatal y los medios electrónicos de la región norte, con una "alerta sobre creación de universidades sin validez oficial".

En el escrito se exhortó "a las autoridades municipales promotoras de la creación de la universidad a cumplir y hacer valer el marco jurídico establecido (...) en caso contrario están promoviendo programas educativos sin calidad, pertinencia, sin validez oficial. Avalando lo que se presume un engaño a la sociedad".

Esta postura no impidió que la Universidad Indígena de Rayón empezara a funcionar en las instalaciones de una escuela primaria. En un principio se inscribieron al menos 200 alumnos, a quienes se pidió una cuota única de 100 pesos, y poco a poco llegaron otros 100 estudiantes.

Cuando comenzó el segundo semestre en el plantel, el pasado 24 de julio, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar y lo desmantelaron, llevándose en calidad de "presentados" a una docena de hombres y mujeres, entre estudiantes y maestros. Personal de la FGE sostuvo que el operativo se llevó a cabo por la presunta comisión del delito de "fraude".

Luego de que los arrestados fueron liberados "con las reservas de ley", el gobernador Salazar Mendiguchía dijo que la creación del centro "responde a un proyecto político personal y de partido, en un contexto estrictamente electoral (...) los jóvenes de la región deben ser protegidos de un engaño constituido por un centro educativo ilegal, que no posee planes ni programas de estudios".

El académico Rincón Ramírez explicó que el proyecto de la Universidad Indígena fue copiado de la Universidad de La Chontalpa, del vecino estado de Tabasco, la cual tuvo origen semejante y en la actualidad tiene reconocimiento y validez oficial.

"Sólo 9 de cada 100 chiapanecos acceden a la universidad"

"En Chiapas sólo nueve de cada 100 jóvenes en edad de ir a las universidades públicas tienen acceso a ese nivel -la media nacional es de 25 por 100-, el resto, 91, son abortados del sistema de educación superior".

El investigador chiapaneco dijo que el gobierno estatal ha fracasado en materia de políticas públicas de educación superior, y eso lo ha demostrado con varias acciones. Primero, al desmantelar la Escuela Normal Rural Mactumactzá (agosto 2003); posteriormente, al reprimir a los alumnos y maestros de la Escuela Normal Intercultural Jacinto Canek (julio 2004), y ahora con la pretensión de desmantelar la Universidad de Rayón.

Emilio Zebadúa, diputado federal por Chiapas, calificó de "excesiva" la acción adoptada por el gobierno del estado, pues la Universidad Indígena beneficiaría a centenares de estudiantes. "Este proyecto educativo no surgió de la noche a la mañana. Las autoridades estatales conocían desde febrero de la seriedad del proyecto, tanto así que participaron -en la ciudad de México y Rayón- en reuniones de trabajo con autoridades federales de la SEP, y conocieron de la necesidad educativa que se padece en el norte del estado", afirmó.

De acuerdo con Zebadúa, la Universidad Indígena "goza de enorme apoyo popular y surge de abajo hacia arriba. Es una propuesta de la comunidad que ha tenido aceptación".

En el mismo sentido se manifestaron docentes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organismos humanitarios como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

"Este centro considera equivocada la política de inhibir las propuestas sociales con uso arbitrario de la ley y la fuerza pública, máxime cuando se trata de la educación", señaló el Fray Bartolomé en un comunicado. "Exhortamos al gobierno del estado a privilegiar el diálogo, la participación y el consenso, con la ciudadanía, en el diseño de las políticas públicas, en lugar de imponerlas unilateralmente", agregó.