Estado de derecho bajo el signo de la impunidad
Una vez más estamos ante la evidencia de que en nuestro país el Estado democrático de derecho es una consideración abstracta que no pasa por el Poder Judicial, el cual traza una y otra vez las rutas de la impunidad. Como sabemos, el quinto tribunal unitario del primer circuito negó las órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría y del ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, acusados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de genocidio por los hechos del 10 de junio de 1971. Con ello se cierra el último resquicio para enjuiciarlos dentro del país por esos crímenes de Estado.
Según documentó La Jornada, la magistrada Antonia Herlinda Velasco explicó en su fallo: "No se tipifica el delito de genocidio, como establece el artículo 149 bis del Código Penal Federal, porque no se configura el grupo nacional homogéneo. En la manifestación estudiantil a que se refieren los hechos del 10 de junio de 1971, diferentes contingentes gritaban consignas distintas, lo que comprueba que no se trató de un grupo con características similares u homogéneas''. Por ello "queda sin revisarse la probable responsabilidad de los inculpados y lo conducente es negar las órdenes de aprehensión''. Atrás quedaron las evidencias de una política de Estado que buscaba exterminar al grupo opositor encabezado por los estudiantes.
Las reacciones ante esta decisión reproducen el signo de la polarización. El abogado Juan Velásquez se dio el lujo de afirmar que en México "nunca ha habido genocidio; ha habido masacres, enfrentamientos, matanzas, pero nunca algo como un genocidio. Eso es falso". Su colega, el senador Diego Fernández de Cevallos, pidió respetar la decisión de la autoridad judicial y sostuvo que "las heridas no se van a cerrar violando la ley", porque "tan impune quedó el crimen de estudiantes como el crimen de ciudadanos, de empresarios que fueron asesinados por las fuerzas rebeldes, y contra quienes tampoco se impartió justicia" (La Jornada, 27 de julio de 2005).
Por su parte, Rebeca Godínez, la insigne desaforadora, quien encabeza nada menos que la Comision de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, afirmó que en "aplicación estricta del derecho penal no podía configurarse el delito de genocidio. No nos equivoquemos, el problema no es el nombre del delito cometido, sino que aún no contamos con las condiciones de acceso a la justicia ni en éste ni en otros crímenes de lesa humanidad pendientes".
El Comité 68, que aportó a la fiscalía buena parte de las pruebas que sustentan la averiguación y ha venido promoviendo seminarios para acercar al país la experiencia de aplicación del derecho internacional, afirmó: "La magistrada Velasco está suscribiendo la carta de impunidad que ya había comenzado a redactar y a extender la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no se había atrevido a hacerlo de manera tajante". Mientras que los organismos no gubernamentales de derechos humanos manifestaron con claridad: "hay responsabilidad del Poder Judicial porque está negando la justicia" (Red Todos los Derechos para Todos). El PRD, a través del diputado Pablo Gómez, habló de promover juicio político contra la magistrada Velasco.
En este contexto se han agudizado las críticas a la Femospp, a su sentido mismo, lo cual habría que revisar con cuidado, pues al margen de las condenas morales y políticas que podamos hacer sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad, no tendremos un auténtico Estado de derecho si no pasan por tribunales como debió suceder en su momento, pues lo que hizo la magistrada Velasco no fue simplemente negar una orden de aprehensión, sino dictar una virtual sentencia absolutoria sin dar oportunidad a cubrir las fases del proceso. Sentenció sin juicio y eso es muy grave.
Ahora bien, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, al margen de que se inconforme ante el Consejo de la Judicatura para deslindar responsabilidades de la magistrada, nos debe explicaciones públicas sobre las razones para anunciar reiteradamente que presentará la averiguación sobre 2 de octubre de 1968 sin que esto suceda. Ahora más que nunca hay que continuar el asedio al Poder Judicial, pues sólo transitando las fases de derecho interno podremos buscar justicia en el ámbito internacional.
También debería responder al cuestionamiento de la muy respetada Rosario Ibarra de Piedra: "Están todos de acuerdo en no hacer nada, ¿por qué el fiscal Carrillo Prieto no consignó el expediente por los casos de desaparición forzada, que son muchos, y es un delito que no prescribe? ¿Por qué la fiscalía consignó el caso por genocidio en la masacre estudiantil de 1971 y no por la desaparición forzada de personas?" (La Jornada, 27 de julio 2005).
Lejos de considerarse derrotados, ha llegado el momento de que los denunciantes acudan a los tribunales internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Largo camino? Sí, tan largo como ha sido el de la impunidad.