Usted está aquí: viernes 5 de agosto de 2005 Opinión Ombudsman del migrante

Jaime Martínez Veloz

Ombudsman del migrante

El país cruje y en serio. No hay rumbo, dirección ni ganas de lograrlo. El problema no sólo es Fox, sino el conjunto de las instituciones políticas y económicas, donde el cortoplacismo, el arribismo y el oportunismo son los signos distintivos. Cada quien comparte una parte alícuota de corresponsabilidad en el desmadre nacional.

Cada semana 5 mil mexicanos pierden su empleo; de 600 mil desempleados en diciembre de 2000 la cifra pasó a un millón 227 mil personas desocupadas actualmente.

El llamado "crimen organizado" fue "organizado" desde lo más adentro del Estado. La presencia y participación de miembros de los cuerpos policiacos y judiciales en las bandas delictivas constituyen una vergüenza nacional. La sangre de la guerra no declarada del narcotráfico y el secuestro tiñe casi todo el territorio mexicano, ante la complicidad o la impericia del Estado. El México Seguro de Fox no pasó de ser una vacilada mediática contraproducente. El mediocre Ramón Martín Huerta, licenciado en administración de empresas, no pudo con la empresa de poner Orden y Respeto. La política de seguridad nacional carece de estrategia, coordinación y labor de inteligencia. Sólo ocurrencias y puntadas.

La dictadura de los espots ha atrapado al sistema político y es sostenida con el dinero de los contribuyentes, que, vía publicidad legal e ilegal llena de frases huecas, impertinentes y faltas de imaginación, promociona candidatos sonrientes de todos los partidos. ¿De qué o de quién se ríen?

Santiago Creel es la burla ambulante de un Estado que no se respeta a sí mismo. Sus argumentos acerca de los permisos que otorgó a Televisa son tan ridículos como cretinos. Para hacer política hoy no se requieren ideas, sino personas con un arca pública o privada llena de dinero para costear campañas mediáticas o que tengan un "padrino" que se las pague.

En tanto, un sector de mexicanos, cada día más grande, ha decidido jugársela en Estados Unidos para conseguir mejor futuro para sus familias y para su país. Asumen los riesgos y muchos pagan con su vida el reto de mejorar sus injustas condiciones de existencia. Esta semana ocho mexicanos murieron en el intento: cinco oaxaqueños fallecieron en San Bernardino, California, y otros tres perecieron deshidratados en el desierto de Texas. Más de 140 compatriotas muertos en lo que va del año constituyen una cifra dramática detrás de la cual hay nombres y apellidos, hijos y familias para cuyo sufrimiento no alcanza la demagogia ni la ineptitud oficial.

Allende el Bravo, casi 20 millones de mexicanos regularizados o indocumentados luchan diariamente en una sociedad compleja y contradictoria. Las condiciones más difíciles las tienen los migrantes sin documentos, vilipendiados por los políticos estadunidenses, pero cuya mano de obra es tan demandada por los industriales y agricultores de ese país.

La aportación de los migrantes a la economía mexicana es uno de pilares de la misma. En 2004 las remesas familiares de nuestros compatriotas alcanzó la cifra de 16 mil 612 millones de dólares. De enero a junio los recursos enviados por los mexicanos que viven en Estados Unidos alcanzaron 9 mil 278 millones de dólares, es decir, un alza de 17.8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según información del Banco de México.

En el terreno de la política nuestros compatriotas y sus descendientes avanzan y consolidan una presencia que les permitirá consolidar una institucionalidad favorable y equitativa al esfuerzo que aportan los mexicanos a las economías de ambos países.

Antonio Villaraigosa y Cruz Bustamante ocupan la alcaldía de Los Angeles y la vicegubernatura de California respectivamente, como resultado de importantes luchas electorales de los latinos y sectores democráticos de Estados Unidos. El derecho a votar y ser votado empieza a ser descubierto como la principal arma de mexicanos y latinos. La ola crece y cualquier sistema político con visión de futuro estaría dedicado a construir las bases de la nueva convivencia social que habrá de producirse en la nueva realidad estadunidense.

Esta contribución generosa de nuestros hermanos debe ser correspondida por el Estado mexicano con una política articulada que pase por la revisión del marco jurídico vigente que protege los derechos de los migrantes y las acciones institucionales destinadas a atenserlos, como punto de partida para el diseño de una política migratoria de Estado, que incluya además la contribución de los mexicanos migrantes dentro del territorio nacional y la protección de los centroamericanos que transitan por nuestro territorio.

Sin embargo, en forma inmediata la realidad migratoria reclama la conjunción de esfuerzos y recursos institucionales que permita enfrentar de forma articulada las acciones del Estado en defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, para lo cual se hace necesaria la creación de la procuraduría del migrante, reformando la Ley General de Población o creando una ley específica que permita a la figura del ombudsman atender la urgente, necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.

Resulta de más señalar que la política migratoria no se puede circunscribir a la creación de esta instancia, pero sería una buena manera de empezar a reconfigurar la política migratoria después de tantas metidas de pata.

 
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