Editorial
Partidocracia onerosa
Los vacíos en la ley electoral sobre los gastos de campaña están provocando que el sistema democrático mexicano sea uno de los más caros del mundo, ya que los partidos políticos cuentan con recursos públicos y aportaciones privadas que no están debidamente regulados y muchas veces son de origen dudoso. Esto ha permitido que las agrupaciones políticas gasten enormes sumas en sus campañas, lo que ha contribuido a su descrédito, tendencia que continuará en 2006: el proyecto de presupuesto para esos comicios apunta a una bolsa total de 4 mil 913 millones de pesos, de los cuales 2 mil 133 millones corresponden a ese rubro. Esta situación se da debido a que las iniciativas para regular y limitar los gastos de campaña y el acceso de los partidos a los medios de comunicación han sido bloqueadas por las principales fuerzas políticas.
El Instituto Federal Electoral (IFE) establece que los recursos se asignan en función de los resultados obtenidos por cada partido en el proceso electoral anterior. De esta manera, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en 2003 se alió con el Verde Ecologista de México (PVEM), será el más beneficiado, con mil 265.3 millones de pesos; el Partido Acción Nacional obtendrá mil 146.6 millones, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 744 millones. Hay que señalar que si el PRI vuelve a unirse al PVEM en 2006, los recursos de ambos ascenderían a mil 658 millones. Según el IFE, la asignación de sumas tan elevadas tiene el objetivo de evitar que el financiamiento privado influya en el sistema de partidos. Sin embargo, las carencias de la ley en la materia han contribuido a que el sector privado pueda financiar las estrategias electorales de los partidos. En los hechos, el dinero privado comienza a fluir desde las precampañas casi sin control. A decir del PRD, los aspirantes de Unidad Democrática, pequeño grupo de priístas, gastaron en el primer semestre del año unos 171 millones de pesos. ¿De dónde obtuvo el priísmo semejante suma si sus finanzas han estado condicionadas por el pago de la multa por mil millones de pesos impuesta por el escándalo del Pemexgate?
El meollo del asunto es que el origen del dinero de las precampañas es poco claro y, como no está sujeto a fiscalización, se presta a maniobras oscuras. Desde que el panista Santiago Creel dejó la Secretaría de Gobernación, el primero de junio, habría gastado 86 millones de pesos, de los cuales 12 millones corresponden a publicidad en radio y televisión, cifra que el ex funcionario rebajó a 2.3 millones. ¿Acaso este descuento tiene algo que ver con los permisos que otorgó a Televisa para abrir casas de juego cinco días antes de su renuncia?
Estos factores abren la puerta al derroche y a la pérdida del carácter democrático de las elecciones. Alonso Lujambio Irizábal, ex consejero del IFE, afirmó que el sistema genera cierta perversión durante la competencia por el poder, pues los candidatos requieren sumas importantes para darse a conocer ante la opinión pública, sobre todo en medios electrónicos, aunque paradójicamente se alejan de la ciudadanía. Esta circunstancia, añadió, es "típica de los sistemas presidencialistas federales como Estados Unidos", donde los aspirantes provienen de una casta política cerrada y monolítica. En este sentido, cabe preguntarse cuál es el verdadero arraigo popular de semejantes candidatos.
Los elevados gastos electorales no necesariamente se traducen en una mejor participación ciudadana en los comicios: la gente está cada vez más desencantada con todos los partidos, por lo que el abstencionismo está en aumento. En consecuencia, el IFE tiene ante sí el reto de construir un marco electoral más sensato y acorde a la realidad nacional. Resulta inaceptable e inmoral que en un país con más de 50 millones de pobres se destinen recursos millonarios para mantener en el poder a una partidocracia desacreditada.