Casi 2 mdd, botín de la extorsión: MP mexiquense
El compadre de Salinas se alió con mandos de la AFI
Se presume "encubrimiento" de un visitador de la PGR
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Retrato de cuatro integrantes de la AFI implicados en el homicidio de Enrique Salinas
La muerte de Enrique Salinas de Gortari fue un hecho "circunstancial", originado por el contubernio de Mariano Flores Arciniega, abogado y compadre del hermano del ex presidente, con altos mandos y personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para obtener mediante extorsión un botín cercano a 2 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y las actuaciones judiciales del juzgado quinto de lo penal con sede en Tlalnepantla.
Las indagatorias podrían involucrar en encubrimiento a Angel Buendía, visitador de la Procuraduría General de la República (PGR); a José Carlos Beltrán, quien era secretario particular del ex procurador Rafael Macedo de la Concha, y tal vez por extorsión en grado de tentativa a Francisco Javier Garza Palacios, director general de Operaciones Especiales de la AFI.
La demanda de divorcio
Aunque el homicidio ocurrió el 5 de diciembre de 2004, en realidad la historia de este suceso comenzó en agosto de ese año, cuando Adriana Lagarde, ex esposa de Enrique Salinas, reinició una demanda de divorcio. Uno de los momentos más dramáticos fue en noviembre de 2004, cuando el empresario, en estado de ebriedad, pretendió suicidarse de un tiro en la biblioteca de su casa, tras afirmar que alguien de su familia lo había traicionado.
En entrevista, el procurador mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, expresó: "La trama de este caso comenzó en agosto de 2004, cuando se pidió el cumplimiento de un convenio de divorcio entre Salinas y su ex esposa Adriana, ya que esa presión, que derivó en un enfrentamiento en juzgados, se tradujo en intento de extorsión".
Lagarde declaró ante el Ministerio Público que su ex marido "estaba desde 2002 muy alterado y angustiado, entre otras cosas por presiones económicas, ya que tenía deudas importantes derivadas de un préstamo que obtuvo para la construcción de casas en Tuxpan, y esa angustia se vio reflejada en el exceso de bebidas alcohólicas, por lo que tuvo que recibir tratamiento en una clínica de Estados Unidos".
La mujer reconoció ante las autoridades mexiquenses que su ex marido había tratado de quitarse la vida un mes antes de que fuera asesinado.
Salinas trató de suicidarse, según las constancias ministeriales, debido a que no se consumaba el acuerdo pactado inicialmente con su ex esposa, en el que se establecía la manera en que dividirían los bienes y el dinero depositado en Suiza.
Su desesperación se incrementó debido a que se hizo público ese acuerdo, lo que representaba la posibilidad de que él y sus hijos fueran secuestrados, además de que sería obligado a entregar más dinero a sus extorsionadores.
Entre noviembre y diciembre de 2004 Salinas había sostenido dos encuentros con sus extorsionadores, a quienes identificó como los agentes que habían investigado a su hermano Raúl en momentos en que Suiza investigaba presuntos nexos con el narcotráfico.
Aunque no existe en el expediente constancia alguna que de manera directa identifique por nombre a elementos de la AFI como las personas que exigían el dinero, el caso se sustenta en evidencias "concatenadas" y en declaraciones de al menos nueve "testigos" de lo dicho por Enrique Salinas, en el sentido de que era extorsionado por agentes federales.
Según las indagatorias, el 22 de noviembre de 2004 la oficina de Interpol México recibió de su homóloga francesa un documento en el cual ésta solicitaba saber si Enrique Salinas se encontraba en territorio mexicano.
La petición señalaba que únicamente se podía ejecutar la detención provisional con fines de extradición por parte de los países miembros de la Unión Europea y no así en el resto de las naciones. Concretamente no podía ser enviado a Francia si permanecía en México, pues el tratado de extradición no contempla el envío de nacionales entre un país y otro.
Las investigaciones francesas consideraban que Enrique Salinas había participado en un "circuito de transferencias financieras que permitían establecer que 3 millones 896 mil 692 dólares provenían del tráfico de estupefacientes y habían sido remitidos a Raúl Salinas como contrapartida de la protección que él aseguraba a los transportes de cocaína provenientes de Colombia, organizados en particular por los cárteles de Cali y Medellín así como por el cártel mexicano del Golfo".
Sin embargo, durante las investigaciones se determinó que Enrique Salinas había obtenido la devolución de sus recursos inicialmente congelados en bancos suizos y que incluso gran parte de ese dinero ya lo había gastado sin cumplir con el reparto acordado con Lagarde.
Supuestamente Salinas enfrentaba una situación de quebranto económico poco antes de su muerte y le preocupó que con la divulgación de que poseía millones de dólares se acrecentara la extorsión en su contra y se reiniciaran las investigaciones en territorio nacional.
Aunque la historia judicial refiere en diversas ocasiones que Salinas ubicaba a Lagarde como la persona que lo presionaba por diversas vías para que le diera dinero, las investigaciones sostienen que fueron los agentes de la AFI comisionados para atender la localización de la víctima quienes aprovecharon la investigación solicitada por Interpol para extorsionar al hermano del ex presidente.
Esa indagatoria supuestamente fue aprovechada por los agentes José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy; por el subcomandante Eleazar Muñoz Valdez y Nahúm García, así como por quienes ocupaban cargos de directores generales en la AFI y otros mandos superiores de esa corporación, en los que estaría implicado Francisco Garza Palacios.
La sospecha de las autoridades mexiquenses contra Hilda Deneken surge porque en sus distintas declaraciones ministeriales se desprenden elementos de que sabía quiénes eran los extorsionadores, pero prefirió colaborar con Flores Arciniega, quien supuestamente se alió con los agentes para actuar contra Salinas.
En un afán de tratar de poner fin a sus presiones, Salinas consiguió a principios de diciembre de 2004 que el empresario neoleonés Javier Garza le devolviera 2 millones 900 mil dólares invertidos en una empresa, pero la transferencia nunca se realizó. Se haría el 6 de diciembre, es decir, un día después de que el cadáver fue localizado en Huixquilucan.
Una explicación de la manera en que murió la habría dado Flores Arciniega durante una plática con Lourdes Corral Basurto, secretaria de Salinas, en el despacho del abogado Juan Collado.
Según la autoridad mexiquense, el compadre nunca estuvo en el lugar donde fue encontrado el cadáver, por lo que hay indicios de que conocía el sitio en el que Salinas se reunió con los extorsionadores.
Las declaraciones que habría hecho Flores Arciniega en el despacho son que había obtenido información del general Mario Arturo Acosta Chaparro (encarcelado en una prisión militar por delitos contra la salud y desaparición forzada) de que "Enrique opuso resistencia durante su encuentro con los extorsionadores, quiso defenderse, y entonces lo golpearon contra la pared y en el momento en que cayó, alguien a quien apodan El Grandote le puso la rodilla en el pecho y fue asfixiado. Al parecer había sido gente de Interpol".
Según Navarrete Prida, la explicación puede coincidir con lo sucedido en el homicidio, ya que no se le trataba de asesinar, sino de presionar para que pagara las cantidades exigidas. Lo considera "un homicidio circunstancial".
Sin embargo, no se ha aclarado el porqué un general preso tiene información respecto al asesinato ni cómo es que el abogado y compadre de Salinas dejó a su cliente y amigo a merced de los extorsionadores, y sólo le pidió que no saliera de su casa el domingo en que fue citado por los supuestos agentes en Huixquilucan.
Sólo quedan dos líneas de investigación para la procuraduría mexiquense, y una es conocer la participación del abogado en la extorsión. La PGJEM ha obtenido información y documentos que según Navarrete acreditan que desde la visitaduría de la PGR se trató de ocultar la participación de personal de AFI.