Se pliega al Código Financiero local y condona predial a "poseedores de mala fe"
Convalida la Suprema Corte de Justicia apropiación ilícita de bienes en el DF
El máximo tribunal prepara también la exoneración de 500 burócratas que enfrentan procesos administrativos
Los ministros decidieron retrasar la resolución de esta tesis
En votación dividida de siete votos a tres, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la apropiación ilícita de bienes en el Distrito Federal al considerar que debe excluirse del pago de impuesto predial a los poseedores "de mala fe", como lo señala el artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal.
Al mismo tiempo, el pleno inició ayer la discusión sobre el artículo sexto transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la que -de seguir un criterio rigorista- la Corte dará luz verde para que unos 500 funcionarios públicos que enfrentan procesos administrativos ante la Secretaría de la Función Pública gocen de impunidad y sean exonerados de sus faltas por razones procesales.
Durante la sesión de ayer, la mayoría del pleno votó en contra del proyecto presentado por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien planteaba la inconstitucionalidad del precepto del Código Financiero capitalino, en razón de que viola el principio de equidad tributaria al establecer una exención fiscal a los poseedores de un predio irregular.
La minoría -integrada por el ministro José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo- cuestionó el citado artículo, que establece que sólo los ciudadanos que tienen en regla la documentación de sus propiedades están obligados a pagar el impuesto respectivo.
Al resolver la contradicción de tesis 44/2004, la mayoría de ministros fijó el criterio de que los poseedores "de mala fe" deben excluirse del pago del predial, debido a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en diciembre de 2000 el Código Financiero local, en vigor desde el año siguiente.
La norma jurídica refiere expresamente un trato diferenciado para los poseedores "de mala fe" en relación con los demás propietarios, es decir, de quienes cuentan con su documentación en regla.
Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls argumentaron que quien posee un terreno de manera irregular carece de legitimación para pagar el impuesto a su nombre, por lo que -dijeron- aceptar las explicaciones de la minoría sería legitimar un acto ilegítimo.
Exoneración de burócratas
Posteriormente, los ministros iniciaron el debate de la contradicción de tesis 55/2004, en la que está en juego la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública pueda sancionar a funcionarios que incurrieron en faltas administrativas.
También en este asunto el ministro ponente fue Góngora Pimentel, quien explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos plantea que los procedimientos en trámite o pendientes de resolución, así como las resoluciones de los mismos, deben regirse conforme a las normas vigentes en el momento en que se cometió la falta.
Ortiz Mayagoitia planteó que las faltas que fueran detectadas después de la reforma legal deberían ser analizadas conforme a la nueva legislación y no con los crieterios de la que estaba vigente cuando se cometió el presunto ilícito.
Góngora recordó que la Secretaría de la Función Pública analiza actualmente unos 500 asuntos que dependen de la resolución de la Corte y, en todo caso, dijo, si se considera que las conductas presuntamente ilícitas deben ser revisadas conforme a la ley recientemente modificada, se corre el riesgo de que los funcionarios investigados ganen sus litigios mediante un amparo del procedimiento que se lleva en su contra. Es decir, quedarían exonerados por cuestiones legales y no en función de la inocencia del funcionario.
Esta contradicción de tesis planteada por dos tribunales colegiados será resuelta en fecha posterior, en razón de que hubo ministros -como Sergio Salvador Aguirre y José de Jesús Gudiño- que pidieron el aplazamiento de la discusión para formarse un "criterio definitivo".