ONG reprueban los montos que ejercerán partidos
Las campañas en México son caras e ineficientes, consideran activistas
Defensores de derechos humanos calificaron de "alarmante y ofensivo" que se destinen cantidades millonarias a las campañas electorales, cuando existen demandas sociales más urgentes, como educación, salud y vivienda.
México, afirmaron tras conocer que los partidos políticos recibirán más de 2 mil millones de pesos para las campañas de 2006, se ha convertido en una de las democracias más caras de América Latina, pero con resultados insuficientes respecto al ejercicio pleno de los derechos políticos.
Eréndira Cruz Villegas, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, señaló que el costo ''excesivo'' de las campañas no garantiza la consolidación de la democracia ni la participación política de los ciudadanos, la cual "va más allá de emitir un voto".
La "opacidad" en el manejo de los recursos y la falta de mecanismos legales ''claros y eficientes'' para regular el destino de las partidas que se entregarán a los partidos causa desconfianza hacia un proceso electoral que debería ofrecer certidumbre y transparencia, agregó la activista.
Por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, coincidió en que "encarecer" las elecciones de 2006 no consolidará el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, ''quienes carecen de instrumentos para asegurar la transparencia en el uso de los recursos y garantizar que no se repitan viejas prácticas políticas de que gana más votos quien posee mayores recursos financieros".
Consideró desproporcionada la entrega, el próximo año, de 4.9 mil millones de pesos a los partidos por concepto de prerrogativas, la mitad para campañas, sobre todo, subrayó, cuando millones de mexicanos no tienen asegurada su subsistencia.
Resulta "alarmante", continuó Cortez, que se canalicen fondos multimillonarios que finalmente se destinarán a promover la "imagen" de un candidato en los medios electrónicos.
Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que no sólo es "ofensivo" que el Estado destine esas cantidades millonarias para proselitismo -cuando es posible realizar comicios ''transparentes, eficientes y democráticos'' con mucho menos recursos-, sino también es "preocupante" que no exista certidumbre sobre el destino de ese dinero.
Por ello, enfatizó, existe un "evidente riesgo de que aquellos partidos que reciban menos fondos enfrenten una clara desventaja en las intenciones de votos, además de que las aportaciones particulares siguen sin controlarse".