Estudia juez autorizar amparo a diputados panistas que dan seguimiento al tema
Insisten en reabrir el caso Posadas; Salinas y Carpizo, entre los acusados
Las investigaciones contra el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y varios ex funcionarios, entre ellos Patrocinio González Garrido, ex secretario de Gobernación, y Jorge Carpizo McGregor, ex procurador general de la República, -derivadas de una denuncia penal en la que se les imputó haber dado protección al narcotraficante Ramón Arellano Félix-, estarían en posibilidades de salir de la reserva técnica y reactivarse, en caso de que diputados del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Jalisco obtengan un amparo de la justicia federal.
Desde hace seis meses, un juez de amparo con sede en el Distrito Federal analiza una demanda de garantías interpuesta por los legisladores locales, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) decretó el no ejercicio de la acción penal contra los inculpados, el 30 de noviembre de 2004.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso La Jornada revelaron que el juez quinto de distrito B de amparo, Jacinto Figueroa Salmorán, dentro del juicio de garantías 144/2005, estudia desde el pasado 20 de enero si la PGR incumplió requisitos de procedimiento durante las pesquisas de este caso, como el no haber tomado en cuenta pruebas de cargo y pasar por alto diversas testimoniales que demostrarían la culpabilidad de los ex funcionarios.
Entre las pruebas destaca el testimonio de Girolamo Prigione, ex nuncio apostólico, quien declaró a la PGR el 25 de agosto de 1998 que meses después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993, recibió en la nunciatura al capo del cártel de Tijuana.
El narcotraficante quería entrevistarse con el entonces presidente Carlos Salinas para darle detalles de la ejecución del prelado. A pesar de las gestiones de Prigione en la Presidencia de la República, no se efectuó la entrevista entre el presunto delincuente y el titular del Ejecutivo federal, pero tampoco se ordenó la aprehensión del capo -quien enfrentaba diversas órdenes de aprehensión- por recomendaciones de Carpizo McGregor.
La querella contra Salinas de Gortari, González Garrido, Carpizo McGregor y los ex funcionarios de la PGR, José Luis Ramos Rivero y José Juárez García, fue presentada el 10 de abril de 2003 por miembros de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco, entre ellos el diputado Fernando Guzmán, quien preside la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Posadas.
El legislador panista siempre ha sostenido, junto con el abogado del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, José Antonio Ortega, la hipótesis de un "complot" para ejecutar a Posadas Ocampo.
Después de un año de pesquisas, en mayo de 2004 la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR determinó, al resolver la averiguación previa SCGDCGI/00I/03, que no había elementos suficientes para solicitar la aprehensión de los ex funcionarios, acusados de diversos delitos, entre ellos ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades y contra la administración de la justicia.
Ante esa determinación, los diputados panistas, asesorados por Fernando Guzmán, elaboraron la demanda de garantías contra la PGR y la presentaron en enero de 2005.
En el documento jurídico, los quejosos alegan que la dependencia federal violó en perjuicio de los querellantes diversos artículos constitucionales, ya que los dejó sin posibilidad de acceder a la justicia en el caso que denunciaron.
Entre los actos reclamados destacan los siguientes: que el 2 de diciembre de 1993 (día en que Ramón Arellano Félix acudió a la nunciatura para solicitar a las autoridades eclesiásticas que le gestionaran una entrevista con el presidente de la República), los cinco ex funcionarios señalados "conocieron del lugar donde se encontraba (uno de los líderes del cártel de Tijuana), y Jorge Carpizo no ordenó aprehenderlo".
"Tampoco se presentaron dos pruebas relacionadas con el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, consistentes en dos videos que no fueron anexados a esta indagatoria, por lo que dichas pruebas quedaron ocultas, desconociéndose el contenido, y de esto tuvo conocimiento Carpizo."
La demanda de garantías se encuentra en la etapa de integración de informes justificados, que implican copia de la averiguación previa PGR/SE/001/95, relativa a las pesquisas de la ejecución del prelado.
Además, el juez aún no cuenta con los domicilios de todos los terceros perjudicados (los ex funcionarios federales), ya que la ley de amparo establece que antes de cualquier sentencia en esa materia, deben ser notificadas de la existencia del juicio todas las personas físicas o morales que puedan verse afectadas con la eventual resolución.
Fuentes judiciales explicaron que si no son ubicados los cinco terceros perjudicados, la notificación se les hará mediante edictos, por lo que se prevé que la sentencia de primera instancia esté lista en los próximos tres o cuatro meses.
En caso de que los legisladores panistas ganen el amparo y obtengan la protección de la justicia federal, lo que conseguirían es que el juez Figueroa Salmorán ordene a la PGR que reabra las investigaciones relativas a la denuncia de abril de 2003, para que desahogue las pruebas a las que hicieron referencia los quejosos en su demanda de garantías y dicte una nueva determinación.
La decisión de la PGR puede ser en el sentido de solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados o confirmar el no ejercicio de la acción penal.