Huelga en Sicartsa e impunidad laboral
En tan sólo una semana hemos presenciado tres hechos que analizados en conjunto acreditan un estado de impunidad y simulación en nuestro sistema laboral: una aberrante decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra el derecho de huelga, el Programa Nacional de Derechos Humanos que ignora compromisos internacionales y la designación de un líder sindical nacional ajeno a los intereses de los trabajadores.
Las autoridades laborales suelen presumir la reducción constante del número de huelgas -tienen razón-, porque las que estallan simplemente las declaran inexistentes. Es el caso del paro laboral iniciado el primero de agosto en las empresas Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) y Asesoría Técnica Industrial del Balsas, propiedad del Grupo Villacero. Después de 10 días de huelga ejercida por los trabajadores afiliados al sindicato minero metalúrgico, ésta fue declarada inexistente por razones francamente insostenibles, que recuerdan las épocas del secretario Arsenio Farell Cubillas, quien inventó en su larga trayectoria al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una serie de causales totalmente ajenas al contenido de la ley laboral.
La ilegal resolución se sustentó en la falsa consideración de que el movimiento de huelga se había iniciado unos minutos antes de la hora anunciada y al haberse supuestamente prorrogado el contrato colectivo de trabajo a las 23:59 horas el anuncio de la misma resultaba extemporáneo por un minuto.
Es obvio que la decisión respondió a una consigna externa al tribunal de trabajo, por lo infantil de las razones esgrimidas; basta observar el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que una huelga sólo podrá declararse inexistente por las tres causales señaladas en el mismo; los motivos aducidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son totalmente ajenos a la disposición legal. Por lo grotesco, es un agravio a todos los trabajadores del país e invita lamentablemente a responder con situaciones de facto.
Respecto del segundo hecho, el 5 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos, promulgado por el Presidente de la República. En su capítulo de derechos humanos laborales se ignoran las recomendaciones del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas -con base en el diagnóstico elaborado por un grupo de expertos-, que apremiaban al gobierno mexicano a un cambio en su política laboral. Proponían, entre otros aspectos, trasladar la impartición de la justicia laboral al Poder Judicial; crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio que de manera independiente y autónoma lleve el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos; legislar para que exista transparencia y rendición de cuentas de los recursos, activos de los sindicatos y el manejo de las cuotas, así como establecer garantías democráticas para la vida sindical. Ninguna de las 18 recomendaciones formuladas al gobierno mexicano se tomaron en cuenta; sufrieron la misma suerte que los 20 compromisos por la libertad y la democracia sindicales asumidos por el presidente Vicente Fox, quien nunca los cumplió.
El tercer tema está relacionado con el fallecimiento de Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); en su lugar se designó a un "abogado dandy" que nunca ha sido trabajador y cuya fama proviene más de sus gustos exquisitos que de la defensa de los derechos laborales de los obreros que dice representar. Sus primeras declaraciones como dirigente, en favor de Roberto Madrazo, demostraron la continuidad de la política corporativa de la central que representa.
Sería interesante conocer su opinión sobre la injusta afectación a la huelga de Sicartsa, que por elemental solidaridad debería apoyar. De seguro no lo hará, simplemente porque a la CTM no le importa la suerte de los trabajadores, por el contrario, suele justificar los golpes al movimiento obrero, como sucedió en el conflicto contra los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El denominado sindicalismo mexicano, salvo excepciones, se ha convertido en un auténtico submundo, en un sinuoso negocio en el que los líderes utilizan la vestimenta sindical para beneficio propio y de los abogados empresariales que lo proveen de contratos colectivos de protección. No se necesita reforma laboral para iniciar una transición hacia la modernización del mundo del trabajo; para liberar a los trabajadores del secuestro del que son objeto bastaría impulsar una acción encaminada a tres objetivos: transparencia en materia de registro de asociaciones y contratación colectiva, como ha determinado el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; rendición de cuentas de los dirigentes sindicales, a la cual están obligados por ley con carácter no dispensable cada seis meses, y obligar a las autoridades a respetar cabalmente el estado de derecho.
Ha llegado el momento de tomar en serio el reclamo de que existan árbitros confiables que omitan retorcer el contenido de nuestras leyes. Sin ellos, cualquier nueva normatividad sería inútil, como cotidianamente ocurre en favor del sistema de control sindical prevaleciente, con decisiones que lesionan la confianza en las autoridades, como lo viven miles de trabajadores huelguistas de Michoacán. Brindemos toda nuestra solidaridad a este movimiento.