Negociará con Hacienda
El sector privado se opone a gravar las prestaciones
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, advirtió que el sector privado se opondrá al intento de gravar las prestaciones de los trabajadores a partir del primero de enero de 2006 porque ello, aseguró, incrementará los costos de las empresas.
El dirigente señaló que la solución "no es seguirle cobrando más a los mismos"; anunció que representantes de los organismos empresariales buscarán reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin embargo, descartó apoyar las movilizaciones que ha anunciado el sector obrero.
Barraza González criticó que nuevamente se pretenda incrementar la carga a los contribuyentes cautivos en vez de ampliar la base de contribuyentes y regularizar la economía informal. Asimismo, señaló que el sector privado ya ha definido su postura en las reuniones de los sectores productivos y ante el presidente Vicente Fox.
"No es con la invención de fórmulas para recaudar más de los mismos como se van a resolver los problemas de ingresos del sector público".
El empresario señaló que una alternativa es fijar un tope de exención a las prestaciones sociales en lugar de gravarlas.
Las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) aprobadas a finales de 2004 en la Cámara de Diputados fijan un límite de 10 salarios mínimos para mantener la exención a quienes reciban prestaciones en especie o vales de despensa.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el fisco dejará de recibir este año 11 mil 845.2 millones de pesos por las exenciones a los vales de despensa; el trato especial a cajas de ahorro y fondos de ahorro le costará al erario 7 mil 549.8 millones de pesos; a los aguinaldos, 7 mil 245.2 millones; al pago de horas extras 3 mil 178.5 millones y a las primas vacacionales 2 mil 359.8 millones de pesos.
Asimismo, conceptos como prima dominical, cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones, participación de utilidades, reembolso de gastos médicos y ayuda para gastos de funeral representan 2 mil 99.5 millones de pesos.
Además, subsidios por incapacidad, becas para los trabajadores o sus hijos, premios por puntualidad, primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, entre otros, generarán un gasto fiscal de 5 mil 806.7 millones de pesos.