Responderá a las demandas que interpongan contra ley calificada de expropiatoria
Afirma Bolivia que no le preocupan las amenazas de trasnacionales petroleras
La Paz, 14 de agosto. El presidente provisional de Bolivia, Eduardo Rodríguez, advirtió que contestará eventuales demandas internacionales generadas por el descontento de multinacionales petroleras con la nueva ley del sector, a la que califican como confiscatoria y contraria a la inversión privada.
El mandatario, que sucedió en junio al renunciante Carlos Mesa, dijo que la amenaza de una demanda "no genera ningún tipo de preocupación extraordinaria más allá del propio arbitraje".
Durante un acto público, la víspera en la central ciudad de Cochabamba, el presidente instó a no permitir que eventuales impugnaciones de las compañías a la legislación infundan temor, según publica el diario La Prensa.
"No debería alertarnos a tener dificultades mayores", recalcó Rodríguez dos días después que un vocero de los consorcios petroleros que operan en el país, Carlos Alberto López, pidiera en un acercamiento al Ejecutivo y Legislativo bolivianos reformular la ley, promulgada por el Congreso el 19 de mayo pasado.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) congrega a 70 firmas extranjeras y descalifica la legislación por entenderla contraria a la inversión y al desarrollo de la industria en el sector. La norma desaceleró las inversiones en lo que va de 2005, según la organización.
La posición del mandatario se registra luego de que las operadoras Vintage y Panamerican Energy, de Estados Unidos, se sumaran a British Petroleum (BP) de Gran Bretaña, Repsol de España y Total de Francia e invocaran un tratado de protección recíproca de inversiones entre sus países y Bolivia, en un intento de evitar adaptarse a la ley.
Repsol, Total y BP, además de la brasileña Petrobras, controlan más de 70 por ciento de las reservas bolivianas de gas, las segundas más importantes de Sudamérica, con 1.55 billones (millones de millones) de metros cúbicos de gas o 48.7 trillones de pies cúbicos.
La norma obliga a las compañías a cambiar obligatoriamente un régimen de riesgo por uno de producción compartida, a incrementar el pago de impuestos de 16 a 32 por ciento y a pagar regalías equivalentes a 18 por ciento de su producción.
También obliga a reconocer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales como parte de la cadena de producción de hidrocarburos y a que intervenga, por cuenta del Estado, en los negocios en el mercado internacional.
La nueva ley petrolera recuperó para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción que, hasta su promulgación, era totalmente controlada por las operadoras privadas.
El magistrado había ratificado el viernes un plazo de 180 días, contados desde el 19 de mayo, para que las multinacionales petroleras que operan en Bolivia adhieran la resistida legislación.
La CBH considera que los contratos de riesgo compartido con que las multinacionales operaron entre 1997 y mayo pasado no han sido declarados ilegales y por lo tanto continúan vigentes, hasta que el gobierno formule nuevos modelos ceñidos a la nueva legislación.