Considerando que actualmente las economías propias de los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país han sufrido cercos y barreras puestas por el mal gobierno para obligar, someter y aceptar la economía del capital neoliberal.

Recordando que a partir de 1992 con las reformas al Articulo 27 Constitucional, el gobierno salinista comenzó con el marco jurídico que ha permitido la privatización de tierras a favor de caciques y transnacionales; que actualmente han creado y reformado leyes y programas con el objetivo de hacer mecanismos legales de privatización de nuestras aguas, tierra, bosques, medicina y conocimiento tradicional.

Observando que actualmente las grandes transnacionales han crecido y se han fusionado, logrando concentrar en ellas el capital mundial, obteniendo de esta manera poder sobre los países y desgarrando las economías locales indígenas y campesinas.

Señalando que las empresas, en coordinación con los gobiernos, han estado haciendo un ataque directo al cultivo tradicional del maíz que es sagrado y base fundamental de la alimentación, cultura y economía de las comunidades indígenas y campesinas del pueblo México.

Confirmando que nuestros pueblos y comunidades tienen antiguas formas de ejercer una economía propia desde los trabajos colectivos como son: la faena, tequio, guetza, mano vuelta, fajina y otras formas que hacen fuerte a nuestros pueblos.

Caminando la reflexión legada por todos nuestros ancestros, abuelos y abuelas que han dirigido los pueblos desde una cosmovisión propia y que han transmitido su palabra, como el compañero wixaritari, don Pedro de Haro Sánchez, hermano mayor de la lucha indígena nacional quien nos mostró que la economía debe regresar a las manos colectivas de las comunidades.
 
 

1. La economía indígena nace de la tierra, no del dinero y forma parte de la vida misma y es un elemento fundamental para la protección de nuestros territorios ejerciendo la autonomía y libre determinación de los pueblos.

2. La tierra es nuestra madre, de ella vivimos y la defenderemos por todas las vías nacidas de la autonomía, y no permitiremos que nadie privatice nuestros territorios; entendido éstos como los ríos, manantiales, mares, maíz, tierra, conocimientos y medicina tradicional, lugares sagrados y centros ceremoniales.

3. Exigimos al gobierno federal el cese inmediato de la imposición ilegítima del programa para la certificación de derechos ejidales (Procede) y comunales (Procecom); la constitución de Reservas Ecológicas, Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales y todo aquel intento de cambiar la relación ecológica y profunda de nuestros pueblos con la tierra para favorecer la privatización.

4. Señalamos que la migración es consecuencia de la aplicación de todos los programas gubernamentales que en nuestras comunidades han desquebrajado los tejidos familiares y comunitarios, llevando a una pérdida cultural y concentración de todas las responsabilidades y trabajos dentro de la comunidad a las mujeres, causando un grave impacto en nuestras economías locales.

5. Aclaramos que nunca aceptaremos dentro de nuestros sistemas económicos el supuesto reconocimiento económico o pago que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) pretende imponer con recursos del Banco Mundial a través del Pago por Servicios Ambientales, pues sabemos que lo que pretenden es despojar del control territorial a los pueblos para favorecer la privatización del agua, que es sagrada, el bosque, y todo lo que hay en él, y aclaramos que lo que costó sangre no se vende por dinero.

6. Rechazamos profundamente la ley Monsanto, también conocida como Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, pues la madre del maíz no se puede contaminar ni vender, sino honrar desde una economía que nace de ella misma desde tiempos ancestrales.

7. Repudiamos la Ley General de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos y la Ley de Propiedad Industrial, pues los conocimientos y medicina ancestral de nuestros pueblos no son una mercancía.

8. Condenamos la Ley de Aguas Nacionales y toda la política privatizadora que la acompaña, porque el agua es la vida y todos tenemos derecho a ella. Por lo tanto, las empresas transnacionales o los caciques no pueden administrar, cobrar o restringir su uso.

9. Desconocemos totalmente la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, pues el camino de nuestros pueblos se decide en consenso de asamblea y no por individuos al azar, como lo plantea el mal gobierno.

10. Alzamos nuestra voz para exigir a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a la Comisión Nacional de los Pueblos Indios (Conadepi), a la Procuraduría Agraria, gobiernos federal, estatales, municipales y al Congreso de la Unión que de inmediato detengan y deroguen los programas y leyes que denunciamos en los puntos anteriores, y nos sumamos al acuerdo tomado por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas reunidos los días 18 y 19 de junio en el Caracol "Erupción de Rebeldía, en el Lago Azul de Zirahuén", en Michoacán, sobre considerar letra muerta en nuestras comunidades estos programas, leyes y ordenamientos ilegítimos.

11. Advertimos al gobierno federal que de no respetar esta voz emitida por nuestros pueblos y de seguir los hostigamientos a nuestra economía, cultura y territorio, incrementaremos la resistencia civil desde nuestras comunidades y organizaciones.

12. Ratificamos como Ley suprema de los pueblos y comunidades indígenas a los Acuerdos de San Andrés, para llevar a cabo todos nuestros procesos económicos desde la libre determinación.

13. Desde nosotros los pueblos y comunidades, seguiremos fortaleciendo y protegiendo nuestro propio sistema económico desde las formas más antiguas que nos han enseñado los viejos.

14. Continuará el intercambio de experiencias entre comunidades, pueblos y organizaciones para fortalecer todos y cada uno de nuestros procesos y así de esta manera, fortalecer la economía indígena dentro del territorio nacional.