Acusan a sus líderes de intentar perpetuarse en los cargos, al aplazar asamblea nacional
Integrantes de Convergencia solicitan ayuda al IFE para renovar directiva
Señalan que hay irregularidades en la conformación de diversos comités estatales
Integrantes de Convergencia acudieron al Instituto Federal Electoral (IFE) para demandar su intervención con el fin de corregir la "crisis institucional" que vive el partido, motivada por la "injustificada" postergación de la asamblea nacional que debió haberse convocado para renovar los órganos directivos del instituto político.
El periodo de gestión de Dante Delgado Rannauro como presidente de Convergencia concluyó el pasado 15 de agosto, sin que exista en los estatutos ninguna previsión para prorrogar el mandato de la directiva.
Al mismo tiempo, interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como parte de un juicio para la protección de los derechos, en virtud de que los militantes consideran que la injustificada postergación abre un periodo de ilegalidad en las decisiones que podrían tomar quienes mantienen el control del partido, ya que no existe certidumbre jurídica de que puedan seguir ejerciendo como tales.
Consideran que la pretensión del Consejo Nacional de decidir postergar la asamblea hasta febrero próximo carece de justificación y de legalidad. Agregaron que entre las razones de fondo que existen en esta decisión está el afán de preservar el control en la selección de candidaturas rumbo a los comicios federales de 2006.
"La situación que impera en Convergencia es de incertidumbre jurídica y política; quienes convocan a dicha asamblea nacional no tienen facultad de hacerlo en virtud de haberse vencido su plazo. La razón de esta inminente crisis institucional es el afán de la actual directiva nacional de perpetuarse en la misma mediante procedimientos viciados, artimañas y manipulación de las disposiciones estatutarias."
Entre los documentos presentados por los militantes inconformes destaca un oficio de Delgado Rannauro dirigido al IFE, en el que expresamente notifica de la elección de la directiva por el periodo comprendido del 15 de agosto de 2002 al 15 de agosto de 2005. El escrito fue presentado al TEPJF como parte de las pruebas que avalan la ilegalidad de la prórroga en la elección de nuevos dirigentes.
Asimismo, mencionaron que además de esta irregularidad, existen otras acciones "ilegales y autoritarias" de Delgado Rannauro en el proceso de integración de los comités directivos de Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Un oficio del ex director de Prerrogativas del IFE, Alejandro Poiré, con fecha 15 de julio, señala que diversos órganos directivos de Convergencia no han sido acreditados por el partido ante el instituto electoral, entre ellos el consejo nacional; los representantes elegidos en cada uno de los consejos estatales; los coordinadores legislativos del partido en el Congreso de la Unión y el coordinador nacional de los diputados del partido; del Comité Ejecutivo Nacional, los secretarios del mismo y los responsables nacionales de Mujeres, Jóvenes, Trabajadores y Productores; de la Comisión Política Nacional, el presidente del Consejo Consultivo; el presidente de la Fundación para la Socialdemocracia de las Américas; la Comisión Nacional de Financiamiento, entre otros.
A juicio de los promoventes, entre ellos los dirigentes estatales de Chihuahua y Nayarit, la indefinición jurídica hace que ninguna de las acciones que realice la directiva nacional pueda tener validez, incluida la propia designación de candidatos. Indicaron que incluso esto puede tener repercusiones legales, pues pudiera acusarse a la directiva de ursurpación de funciones.
Finalmente y ante la imposibilidad de que el Comité Ejecutivo convoque a asamblea nacional -como lo disponen los estatutos-, pidieron que el IFE avale una instancia temporal que ejerza esas funciones y convoque al cónclave, bajo la supervisión del organismo.