Fue castigado por un año junto con su interino en la alcaldía de Cancún y 8 ex funcionarios
Inhabilitan a García Zalvidea por fallas en su declaración patrimonial
El ex candidato del PRD al gobierno de QR no presentó los documentos "en tiempo y forma"
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Carlos Canabal Ruiz, ex alcalde de Canc�n imagen de septiembre pasado FOTO La Jornada
Foto: La Jornada
Cancún, QR, 16 de agosto. Por no haber entregado sus declaraciones patrimoniales "en tiempo y forma", Juan Ignacio García Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz, ex presidentes municipales de Benito Juárez (donde se ubica Cancún), fueron inhabilitados por un año para ejercer cualquier cargo público y multados con una cantidad que oscila entre 100 y 150 salarios mínimos cada uno.
La decisión fue tomada por la Contraloría municipal, que también inhabilitó por un año a otros ocho ex funcionarios; además, investiga a Canabal Ruiz por enriquecimiento inexplicable, debido a que en su declaración patrimonial no incluyó la compra de terrenos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Canabal mostró a La Jornada documentos según los cuales dichos predios fueron adquiridos el 21 de octubre de 2002, antes de que fuera funcionario público, y que están asentados en las declaraciones patrimoniales que realizó cuando empezó y cuando dejó el cargo de alcalde interino, en sustitución de García Zalvidea, cuando éste fue candidato del PRD a la gubernatura.
El contralor Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez dijo que semanas atrás ambos mostraron documentos -con sello del pasado 10 de abril- que certificarían la entrega de dichas declaraciones, pero la dependencia afirma que no cuentan con la firma de recibido y, por tanto, no son válidos.
La exclusión, agregó, será turnada a la Contraloría estatal y a la Secretaría de la Función Pública para que tenga efecto en los tres niveles de gobierno. No obstante, dijo, los ex funcionarios tienen derecho a solicitar un amparo en el fuero común.
Los demás funcionarios castigados son el ex tesorero Adrián López Farfán, el ex oficial mayor Alberto Peniche, el ex director de policía Gerardo Olavarrieta y la ex síndico Paula Martínez Buenfil, además de otros funcionarios menores como Roberto Estrada, Rafael Rodríguez Ordaz, Prisciliano Nemegyei Rodríguez y Luis Alberto Rocha Cárdenas.
Respecto a la investigación sobre los bienes de Canabal Ruiz, Alonzo Rodríguez dijo que "por instrucciones del señor presidente (municipal, Francisco Alor Quesada)", se está solicitando al Registro Público de la Propiedad una lista de los bienes del ex alcalde para hacer la valoración.
Carlos Canabal dijo que en su declaración patrimonial figuran los terrenos comprados al Fonatur y la fecha en que los adquirió, por lo que la acusación en su contra es una operación mediática del gobierno municipal.
Y la misma postura mantuvo en el caso de la inhabilitación, de la cual dijo que es "un procedimiento sin efecto jurídico", porque no se cumplió ninguno de los pasos legales.
Cuando fueron alcaldes de Cancún, tanto García Zalvidea como Canabal Ruiz -ambos de filiación perredista- enfrentaron el bloqueo financiero del entonces gobernador priísta Joaquín Hendricks Díaz, quien terminó su mandato sin liberar los recursos al ayuntamiento, a pesar de que otro priísta, Francisco Alor Quesada, ganó el gobierno municipal.
Alor Quesada anticipó ayer que el ayuntamiento podría dejar de prestar los servicios básicos porque estaría al borde de un colapso financiero, luego de que el Congreso se negó a tratar en un periodo extraordinario de sesiones la restructuración de la deuda municipal por 700 millones de pesos. La definición del tema deberá esperar hasta septiembre, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones.
Los representantes de PAN, PRD y Convergencia en la Permanente se negaron a realizar el periodo extraordinario con el argumento de que no es clara la información que les presentó el cabildo, y que en esos 700 millones estaría escondiéndose una nueva deuda.
Los diputados analizaron esas cuentas y entendieron que en la restructuración planteada por el alcalde se oculta un nuevo empréstito por al menos 228 millones de pesos para inversión pública productiva, que ni siquiera está claramente especificado adónde va a destinarse, según dijo la legisladora perredista Maribel Villegas.