Editorial
El secuestro de la democracia por los partidos
En México, los ciudadanos que no cuenten con el apoyo de un partido político no podrán presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales. Ayer martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló, por votación de siete a cuatro, en contra del amparo interpuesto por Jorge Castañeda para obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral, lo que le hubiera permitido presentarse como candidato independiente en los comicios de 2006. El objetivo del ex secretario de Relaciones Exteriores era impugnar la constitucionalidad de los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que reservan a los partidos el derecho de postular candidatos. Más allá de los sentimientos que pudiera despertar la personalidad del ex funcionario, el hecho es que esta resolución atenta contra el derecho de cualquier ciudadano consagrado en la Constitución a ser votado, a la vez que fortalece el monopolio de los partidos en materia de representación popular.
Si bien los magistrados que votaron en contra reconocieron que existe un elemento de injusticia en su fallo, argumentaron que la Constitución no autoriza el amparo en materia electoral y que la SCJN no puede contradecir los artículos de la Carta Magna. "Somos un tribunal de derecho, no un tribunal de conciencia", dijo el ministro Sergio Valls. No obstante, el artículo 39 de la Constitución establece que "la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste". Y el 40 señala que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa". Por otra parte, el artículo 41 sostiene que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público". A pesar de que el documento habla de participación y representatividad ciudadana, la realidad es que el texto contiene muchos puntos oscuros sin definir que dan pie a diferentes interpretaciones.
Tales vacíos en la Constitución han sido aprovechados por las principales fuerzas políticas del país para apuntalar una partidocracia cerrada a la participación ciudadana y sólo accesible a los privilegiados integrantes de la monolítica clase política. Es más, los partidos han impuesto una serie de candados legales para preservar su monopolio y excluir al pueblo de los puestos de elección popular. Como afirmó Castañeda luego de conocer el fallo, el ciudadano no tiene cabida en este sistema político: "Me parece que esto nos hace retroceder en cuanto a la prominencia de los derechos humanos fundamentales". Según los partidos, limitar las candidaturas a los miembros de las agrupaciones políticas tiene la intención de evitar la polarización de los votos. Sin embargo, las experiencias democráticas en otros países, como España, demuestran que, por el contrario, la participación ciudadana abre el juego electoral al obligar a los actores a negociar y llegar a acuerdos. Es decir, las candidaturas independientes refuerzan el espíritu democrático en esas sociedades.
Queda claro, pues, que el actual sistema de selección de candidatos provoca que una parte importante de la población sienta que no está representada por ninguna de las fuerzas políticas. Por ende, no es extraño que el abstencionismo se haya convertido en el fenómeno más destacado de las últimas elecciones, tanto municipales como estatales. Mientras no se abran los comicios a la participación popular, seguirán dándose casos como el de las elecciones en el estado de México, en las que 58 por ciento de los incluidos en el padrón electoral prefirieron quedarse en sus casas en vez de acudir a las urnas.