La sobrepoblación es de 80%: Readaptación Social
Desoye la Federación quejas por crisis en los penales del Edomex
Los 2 mil reos por delitos federales, "los más peligrosos"
Toluca, Mex. 15 de agosto. La sobrepoblación de más de 80 por ciento en los centros preventivos y de readaptación social del estado de México, la corrupción que impera en cada una de las cárceles y la falta de recursos de las autoridades para construir nueva infraestructura que haga frente a esta problemática han puesto el sistema penitenciario estatal en una de sus peores crisis.
Semana a semana, cientos de objetos prohibidos son decomisados de las cárceles de la entidad, producto de operativos por sorpresa realizados por la policía estatal; además, decenas de custodios son dados de baja por estar implicados en actos de corrupción. En los últimos 12 meses más de 200 vigilantes han perdido el puesto, y la misma suerte corrieron los directores de los penales más importantes de la entidad: Ray Antonio López, del Neza Bordo, y Edilberto Jiménez, del de Tlalnepantla.
Aunado a ello, la Federación ha hecho caso omiso al reclamo del gobierno estatal no sólo para que aporte recursos para la contratación de más personal, toda vez que se necesita por lo menos el doble de los empleados que hay, sino para que se haga cargo de los 2 mil internos acusados de delitos federales, gran parte de ellos considerados "los más problemáticos y riesgosos" para este sistema penitenciario, que sólo cuenta con cárceles de mediana seguridad, según Guillermo Andrade Díaz, director de Readaptación Social del estado.
Esta es la realidad de las cárceles del estado de México: en celdas para cinco personas duermen 15, y en algunos casos hasta 20. La población penitenciaria creció en esta administración 120 por ciento, al pasar de 7 mil 500 internos, en 1999, a poco más de 17 mil en la actualidad.
En el mismo periodo sólo se pudieron adaptar 3 mil espacios más, ya que la capacidad instalada hace seis años era para albergar a 8 mil 500 reos, pero gracias a las adecuaciones o modificaciones en los penales estatales ahora se cuenta con capacidad para alojar a poco más 11 mil 500.
Lo que no aumentó fueron los espacios para el personal. Siguen operando las 900 plazas para custodios, lo que significa que en cada turno aproximadamente 400 tienen la obligación de vigilar a 17 mil internos, día y noche, además de que la creación de plazas para trabajadores sociales y médicos ha sido nula.
No obstante, Andrade Díaz dice que todo está bajo control, aunque acepta que "el problema es muy delicado y grave".
Pero las cifras marcan lo contrario. En los últimos meses cuatro reos han perdido la vida en riñas; una de las bandas más peligrosas de secuestradores del país se logró fugar del penal de Neza Bordo, a plena luz del día, por el área de locutorios judiciales; hace una semana, en la cárcel de Barrientos, ubicada en Tlalnepantla, fueron decomisadas más de 200 películas piratas en formato DVD y se encontraron aparatos para su reproducción, lo que provocó la destitución de los directores de dichos reclusorios.
A pesar de que el procurador del estado, Alfonso Navarrete Prida, ha señalado que desde cárceles mexiquenses operan bandas dedicadas a extorsionar, el director de Readaptación Social, Guillermo Andrade, asegura que no se han ubicado celulares en los penales, pero eso sí, "en cada centro preventivo existen casetas telefónicas desde donde se puede operar".
El directivo reconoce problemas graves en los penales de Barrientos, Chicolautla, Neza Bordo y Chalco. Afirmó que por mes se realizan 347 revisiones integrales a los 20 centros preventivos y a la escuela de readaptación social, pero "no se puede tener una vigilancia como quisiéramos por falta de personal".
Esta insuficiencia han querido subsanarla con la instalación de 30 cámaras de video en los principales centros, para supuestamente estar al tanto de lo que sucede. Pero se requiere mucho más, como que la Federación se haga cargo de sus internos, "que nos cuestan mucho dinero y nos generan muchos problemas", insiste Andrade.
Aunque la manutención de cada reo cuesta en promedio 110 pesos diarios, el gobierno federal sólo aporta 18. Además, los presos más peligrosos, "por ser los que más recursos tienen, son los que causan mayor lío, porque con su dinero compran a custodios y a sus compañeros para generar cotos de poder en los centros", reconoce.
En el padrón de alto riesgo hay unos 250 o 300 internos, de los cuales la mayoría son acusados de delitos contra la salud o delincuencia organizada. "Estos no sólo causan problemas, sino que se niegan a trabajar, como labora 60 por ciento de la población penitenciaria", señala.
El próximo miércoles se pondrá en operación en Otumba un centro preventivo con capacidad de 990 internos, y en Neza se abrirá una escuela de rehabilitación para menores, que albergará a 300 jóvenes delincuentes, pero eso sólo mitigará la problemática. La inversión para ambas obras fue de 900 millones de pesos, provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, equivalente a lo que se gastó para organizar los pasados comicios del 3 de julio, sin tomar en cuenta las erogaciones de partidos y candidatos.
Guillermo Andrade dijo que se requieren al menos 2 mil millones de pesos para construir ocho nuevas cárceles. En este momento existen cuatro proyectos para que la iniciativa privada construya penales en Tenango, Tenancingo, el Oro e Ixtlahuaca, y las opere por espacio de 20 años, en los cuales el gobierno les pagará una renta por sus servicios y al término del periodo la infraestructura pase a ser propiedad del estado, informó.
"Corresponderá a la nueva administración determinar si acepta este esquema o no, porque el dinero que tiene el gobierno se utiliza para hospitales y escuelas. Muy difícilmente será destinado a construir cárceles", apuntó.