Sólo prosperó uno de siete cargos que se imputaron a defensores de La Casita
Otorgan amparo a 34 activistas enjuiciados en QR
Una juez federal dio un revés jurídico a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, que el pasado 15 de junio imputó siete delitos a 34 simpatizantes de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales, quienes dos días antes se habían manifestado por diversas calles de Cancún para exigir que termine el "acoso" de las autoridades estatales contra miembros de la casahogar La Casita, entre quienes se encuentra Leydi Campos Vera, ex directora general de Averiguaciones Previas de la procuraduría local.
Dentro del juicio 996/2005, Ana María Nava Ortega, titular del juzgado tercero de distrito, con sede en Cancún, concedió el amparo y protección de la justicia a los activistas, tras considerar que no estuvo apegado a derecho el auto de formal prisión que el juzgado cuarto del fuero común dictó en contra de los quejosos acusados de ultrajes a la autoridad, ya que la procuraduría de Quintana Roo no aportó pruebas suficientes para demostrar su probable responsabilidad en ese acto ilícito.
Se trata del caso de las 34 personas que fueron golpeadas y presuntamente torturadas hace dos meses por orden del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Ocampo. En un principio se les achacaron siete delitos: sedición, motín, lesiones dolosas, portación de arma prohibida, robo calificado, lesiones a una autoridad federal y ultrajes a la autoridad. Sin embargo, sólo el último cargo prosperó ante el juzgado cuarto de lo penal.
La Jornada tuvo acceso a documentos judiciales de ese asunto y posee copia de un video en el que se aprecia cómo varios inconformes, que el 13 de junio realizaban un plantón en las instalaciones de la PGJQR, fueron agredido a golpes por varios encapuchados y policías municipales.
Tratos "degradantes e inhumanos", según exámenes periciales de la PGR
Exámenes periciales que médicos de la Procuraduría General de la República (PGR]) efectuaron a los 34 activistas, así como la opinión del perito en sicología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jorge de la Peña, evidencian que varios de los detenidos, quienes ayer obtuvieron el amparo por órdenes de la juez Nava Ortega, recibieron "tratos degradantes e inhumanos que pudieran reflejarse en actos de tortura, de acuerdo con el Protocolo de Estambul".
La juez federal determinó otorgar el amparo a los inconformes luego de resolver que "del análisis de las constancias y de acuerdo con lo expresado por los elementos de la policía judicial del estado, en el lugar de los hechos había entre 200 o 300 personas, por lo que imputar precisamente a los 34 inculpados el hecho de que hubiesen sido las personas que realmente profirieron los insultos en contra de los agraviados resultaría ilógico y contrario a derecho, pues no existe el mínimo indicio para señalar que ellos fueron quienes precisamente agredieron a los agraviados, máxime que éstos no realizaron una imputación directa respecto a quién o quiénes de los inculpados fueron los que los ultrajaron de manera verbal".
En entrevista, César Mascareñas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los activistas que fueron agredidos y aprehendidos, reconoció que la resolución de la juez puede ser impugnada en los próximos diez días hábiles, pero refirió que "es un fuerte revés contra el procurador Bello Melchor Rodríguez y sustenta la hipótesis de los manifestantes de que se trató de delitos fabricados, en represalia por haber solicitado la renuncia de ese funcionario y haber realizado una manifestación en defensa de La Casita".
Dijo que al igual que sus compañeros que fueron agredidos, prepara demandas civil y penal contra el procurador estatal y quien resulte responsable "de las torturas de que fuimos víctimas".