Usted está aquí: jueves 18 de agosto de 2005 Estados La policía vigilará la asamblea sobre el destino de La Parota: Torreblanca

"Algunos no quieren que se realice de manera libre", advierte el gobernador

La policía vigilará la asamblea sobre el destino de La Parota: Torreblanca

"No venderemos ni un centímetro de la tierra", afirma vocero de opositores al proyecto

SERGIO OCAMPO ARISTA Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES

Chilpancingo, Gro., 17 de agosto. El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, informó que durante la asamblea del próximo 23 de agosto, en la que se discutirá si se aprueba o no la construcción de la hidroeléctrica La Parota, "habrá vigilancia policiaca, pero de ninguna manera estará presente el Ejército Mexicano, porque no es de su competencia".

Entrevistado luego de inaugurar obras en la comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, el mandatario dijo que es partidario de la construcción de esa presa porque "el proyecto va a generar mejores condiciones de vida para los comuneros y la población, y por lo tanto voy a hacer lo posible que se quede en el estado de Guerrero, y no se lo lleven a otro lado; hay gente que no quiere, pero es la minoría, pero si la mayoría no quiere el proyecto, yo voy a respetar ese acuerdo".

En ese sentido rechazó las afirmaciones del secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, de que había solicitado que la asamblea se efectuara en el puerto de Acapulco; "no lo hice porque no es mi competencia, y ni siquiera hice esa sugerencia; estamos preparándonos simplemente para brindar condiciones de seguridad; la sede de la asamblea la deben decidir los comuneros, no el gobernador".

Torreblanca Galindo insistió en que si la mayoría de los comuneros no aprueba que se construya la presa "lo vamos a respetar, pero me da la impresión de que algunos no quieren que se realice la asamblea de manera libre, y hemos encontrado insultos y amenazas, por eso no se ha tenido un diálogo; ojalá no hubiera la necesidad de recurrir a los cuerpos de seguridad, pero los habrá".

Y aclaró "yo no estaría de acuerdo con que el Ejército Mexicano estuviera ahí, porque es una tarea que le compete a las policías municipal, estatal y a la preventiva; ahí no hay discusión".

El gobernador manifestó que no hay línea hacia los comuneros para que acepten la construcción de la presa, "yo sería un mentiroso, y no lo soy porque estoy en favor del proyecto, pero eso no implica que no tenga que garantizar el derecho a los que no están de acuerdo; no soy promotor del mismo, sino que estoy convencido que va a generar un desarrollo equilibrado para la población, pero queremos ver las casas que les van a construir a los comuneros y que no pase como en el pasado, cuando la Comisión Federal de Electricidad no indemnizó debidamente, y que hizo lo que le pegó la gana; eso no lo voy a permitir ni a avasallar los derechos de los comuneros".

Mientras, el vocero del grupo Comuneros Opositores al Proyecto Hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui, advirtió que irán a cualquier lugar donde se realice la asamblea ejidal, convocada para aprobar la construcción de la presa que promueve la Comisión Federal de Electricidad.

En conferencia de prensa en el sindicato de los telefonistas, condenó que el presidente de los bienes comunales de Cacahautepec, Crescenciano Jerónimo, haya anunciado que el Ejército vigilará la asamblea, que al parecer se realizará en Acapulco, y dijo que con esto se violarían los derechos de los campesinos, pues los soldados no están para resguardar una asamblea, sino para cuidar la soberanía nacional.

Responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca de lo que pueda ocurrir en la próxima asamblea. Dijo que pese a que se liberen órdenes de aprehensión en su contra no venderán "ni un centímetro de tierra". Los presentes, dirigentes de organizaciones sociales, pidieron a gritos la destitución del gobernador perredista.

La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresaron su preocupación "por las acciones de fuerza y la postura de mano dura que ha mostrado el gobierno estatal" en los hechos del domingo pasado en El Campanario, cuando la asamblea comunal fue suspendida en medio de golpes.

Las organizaciones sociales aseguran que no existe transparencia en la información sobre los daños ambientales, afectación y desplazamiento de la población por la construcción de La Parota, "los grandes negocios ocultos y las consecuencias a largo plazo".

 
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